Por Fabián Andrés Cambero
SANTIAGO, 15 feb - La Convención Constitucional de Chile inició formalmente el martes el debate del contenido de la nueva carta magna, que reemplazará la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, con algunos temas que han generado controversia en las últimas semanas.
La creación de un Congreso unicameral, la nacionalización de empresas mineras, la suspensión de los derechos de agua y de títulos empresariales sobre territorios indígenas son algunas de las polémicas propuestas que deberán discutir y buscar consenso en más de 20 plenos del organismo.
El órgano, dominado por independientes y partidarios de movimientos de izquierda, fue elegido el año pasado como resultado de un acuerdo nacional tras el violento estallido social desatado en octubre de 2019.
La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dijo el lunes a corresponsales extranjeros que temas propuestos en esa etapa "muy preliminar" se han informado erróneamente como verdades y propuestas definitivas del nuevo texto.
"Esa desinformación claramente repercute en el trabajo que estamos haciendo y puede contribuir a la pérdida de la confianza de las personas en el proceso", argumentó.
Los temas refrendados en las comisiones tendrán que ser debatidos y el resultado final o sus modificaciones tienen que ser aprobados por los dos tercios de los integrantes, equivalente 103 votos.
"En este período vamos a ver lo que de verdad va a quedar en la propuesta de Constitución (...). Finalmente llegamos a los hechos reales, a las propuestas de normas que van a quedar", agregó.
El texto final tendrá que ser aprobado o rechazado en un plebiscito obligatorio. En medio de las polémicas suscitadas, la más reciente encuesta privada Cadem mostró que la intención de votar "apruebo" a la nueva carta magna bajó del 56% al 47%.
Las propuestas de artículos que sean aprobadas inicialmente por el pleno pueden ser sometidas a indicaciones o ajustes para su posterior voto definitivo.
Según el acuerdo que le dio origen, la Convención tiene un plazo máximo de un año, hasta inicios de julio, para proponer el nuevo texto. El plebiscito de salida sería en septiembre.
Las protestas sociales mostraron un descontento con el modelo de libre mercado que impulsó el desarrollo de Chile en las últimas décadas pero que acentuó la desigualdad. El país es el mayor productor mundial de cobre.