El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, tendrá hasta el próximo miércoles 24 de agosto para presentar pruebas que lo deslinden de las acusaciones que pesan sobre él por el "crimen de Estado".
PUBLICIDADMéxico pendiente de cómo se desarrollan las detenciones en torno al caso de las desapareciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El primer arrestado tras la publicación del informe de la Comisión para la Verdad que cataloga el caso como "crimen de Estado" tiene hasta el miércoles para presentar pruebas que lo desvinculen de las acusaciones que pesan contra él. El exprocurador Jesús Murillo Karam se enfrenta a delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, así como por la fabricación de la "verdad histórica".
"Los mexicanos, todos, estamos dolidos por esa desaparición forzada, un crimen de Estado que hasta el momento es impunidad, lo que seguimos viendo, porque es un personaje (Jesús Murillo Karam) que se tardó años en ser detenido, pero que además no resuelve el conflicto de este crimen de Estado", señala el ciudadano, Marcelino Rodarte
"Entiendo que están involucradas autoridades municipales, estatales y federales, pues que hasta ellos llegue ese rigor de la ley y que se aplique correctamente, eso sería algo que creo todos los mexicanos queremos saber, que si hay justicia en este país, que las leyes si se aplican", señala la ciudadana Thelma Dominguez.
De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas. Otro sobre el que pesan indicios de participar en la fabricación de la polémica "verdad histórica" es el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la capital,Omar García Harfuch .
Las autoridades mexicanas presentaron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR.
Según Cano, la elaboración de la "verdad histórica" se planeó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, quien entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano.
Otro implicado fue Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para confirmar la entonces "verdad histórica" presentada por el Gobierno mexicano en 2015.
Según lo presentado por la FGR, Cano pujó por un criterio de oportunidad para colaborar en las pesquisas, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos y que fueron utilizadas para sustentar la primera versión de lo ocurrido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.