Plenos derechos para las trabajadoras del hogar en España, que cobrarán paro y otras prestaciones

Margarita Martínez, trabajadora del hogar en España
Margarita Martínez, trabajadora del hogar en España Derechos de autor RTVE
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Por Lucia Riera Bosqued con TVE, EFE
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Más de 370.000 empleadas domésticas - cuidadoras o limpiadoras - han conquistado una mejora de sus condiciones laborales con el decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros

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"Si nos despiden, si no te liquidan o si no denuncias, te quedas en la calle", denuncia Margarita Martínez, trabajadora del hogar. Esta preocupación de dejará de quitarle el sueño.

Como ella, más de 370.000 empleadas domésticas - cuidadoras o limpiadoras - han conquistado una mejora de sus condiciones laborales con el decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Tendrán derecho a paro y más protección frente al despido, ya que el decreto también restringe la figura del desistimiento, que permitía el despido sin justificar causa alguna.

También se han aprobado bonificaciones para reducir el coste de la cotización a los empleadores. Para ellos, en su mayoría familias, la nueva cotización por desempleo fijada en un tipo del 6 % (del que el empleador asume el 5 % y el trabajador el 1 %) y el 0,2 % para el Fogasa supondrá un incremento de la cuota mensual a la Seguridad Social de 31,38 euros en el caso de cotizar por una base de 1.166,7 euros o de 4,49 euros en una de 500 euros, según los datos facilitados por la Seguridad Social.

"Ponemos fin a una injusticia absolutamente inaceptable", dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su anuncio el lunes. 

Desde el 1 de octubre

Las empleadas del hogar comenzarán a cotizar por desempleo desde octubre y cuyo importe estará bonificado para los empleadores en un 80 %. Para poder acceder a la prestación contributiva deberán haber estado cotizando por ella durante un año como el resto de asalariados.

Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el proyecto de ley pretende acabar con la discriminación de las trabajadoras - un 95% mujeres- cuyos empleos han sido infravalorados durante demasiado tiempo.

Según Díaz, la ley sigue las antiguas recomendaciones tanto de la Unión Europea como de la Organización Internacional del Trabajo para que las personas empleadas en casas particulares tengan los mismos derechos que el resto de los trabajadores.

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