La ocupación de tierras privadas es un problema que arrastra Colombia desde décadas. Las comunidades más vulnerables exigen al Gobierno que se les regrese la tierra que se les fue arrebatada o que debieron abandonar durante los años del conflicto armado.
Centenares de familias fueron desalojadas a la fuerza de un previo privado en el departamento de Huila, en el sur de Colombia.
El terreno, ubicado específicamente en el municipio de Neiva, estaba ocupado por hasta 1000 familias en el momento del operativo policial.
Los okupas denunciaron que algunas personas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad. Aseguran que no tienen a dónde ir y exigen al Gobierno soluciones.
"Si nos sacan, volveremos a ocupar, si el gobierno no soluciona el problema (la falta de vivienda y de suelo), volveremos a entrar, estaremos aquí de nuevo, pero no abandonaremos esta tierra", dice una mujer.
"Ellos (la policía) golpearon a la gente, hubo heridos (durante el desalojo), en todo caso, estamos en una situación que no sabemos qué hacer con este gobierno, nos han abandonado, pobres, hay tantas casas y fincas que trabajar, y no nos ayudan", agrega por su parte Rigoberto Gutiérrez, otro okupa desalojado.
Según las autoridades locales, se procedió a realizar el desalojo tras agotar los últimos intentos de diálogo con las familias.
Detallan que se intentó llegar a una solución pacífica insistiendo en la realización de un censo de las personas perjudicadas, pero dicha tarea fue imposible.
La ocupación de tierras privadas es un problema que arrastra Colombia desde hace décadas. Los indígenas, negros y campesinos -las comunidades más vulnerables- exigen al Gobierno que se les regrese la tierra que se les fue arrebatada o que debieron abandonar durante los años del conflicto armado.