Grézieu-La-Varenne, una pequeña ciudad del este de Francia, se ha convertido inesperadamente en parte de un debate medioambiental internacional. Después de que se descubrieron niveles peligrosos de contaminación, se está llevando a cabo la primera investigación criminal de ecocidio en la UE.
PUBLICIDADGrézieu-La-Varenne, una pequeña ciudad del este de Francia, se ha convertido inesperadamente en parte de un debate medioambiental internacional. Después de que se descubrieran niveles peligrosos de contaminación, se está llevando a cabo una investigación criminal de ecocidio, la primera de este tipo en la UE.
El 'ecocidio' describe actos de daño ambiental que son generalizados, a largo plazo e intencionales. El año pasado, Francia se convirtió en el primer país de la UE en criminalizar estas acciones, después de años de campañas de activistas. Ahora, esta nueva ley está siendo puesta a prueba.
Audrey Marcodini se mudó a su casa de ensueño hace tres años, una propiedad ubicada al pie de los montes del Lyonnais. Ella y su hija adolescente pasaron cerca de dos años felices aquí, hasta que un descubrimiento inesperado dio un giro a sus vidas.
En Grézieu-La-Varenne, en 2019, se detectó tricloroetileno, un disolvente industrial de uso común en las lavanderías. Aunque es común, esta sustancia química es un cancerígeno conocido, y los altos niveles de exposición pueden ser mortales. El descubrimiento se produjo después de que uno de los vecinos de Audrey encontró un líquido viscoso y maloliente en su patio trasero.
Cuando la búsqueda se extendió a la casa de Audrey, que se encuentra en el sitio de una antigua lavandería industrial, las pruebas mostraron que los niveles de tricloroetileno eran más de 800 veces el límite legalmente aceptado.
Audrey y su hija fueron realojadas urgentemente, pero el daño potencial a largo plazo a su salud aún se desconoce.
Además del juicio penal por 'ecocidio', los residentes también han presentado seis demandas civiles. Hasta el momento solo se ha dictado un veredicto, que declaró culpables a dos notarías y a una empresa inmobiliaria. Por lo tanto, los condenados deben pagar un millón de euros por no revelar los detalles de la contaminación.
Audrey dice: "Es importante para mí que [...] las personas que han contaminado nuestro planeta a sabiendas, y que se han salido con la suya hasta ahora, se vean obligadas a pagar".
Aunque los activistas creen que la legislación nacional francesa es un paso en la dirección correcta, también están pidiendo que el 'ecocidio' sea reconocido por la Corte Penal Internacional.
Esto significa que los delitos graves de destrucción del medio ambiente se considerarían como crímenes de guerra y genocidio.