La agrupación asegura que el origen del problema está en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte de los magistrados conservadores.
PUBLICIDADEl Tribunal Constitucional de España ha dictado este lunes una sentencia histórica que impide por primera vez la tramitación de unas leyes, que incluían la reforma del Código Penal y unas enmiendas al sistema de elección del propio tribunal, una injerencia sin precedentes en la legislatura.
Euronews ha hablado con Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, para entender cuál es el motivo de fondo de este choque inédito entre el poder legislativo y judicial en España.
La renovación del Tribunal Constitucional
"Nosotros creemos que la deriva jurídica empieza con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial", señala la magistrada.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones cuatro años. Debió renovarse en diciembre de 2018.
De este organismo depende asimismo la renovación del Tribunal Constitucional que tendría que haber ocurrido hace 6 meses.
Según el artículo 159 de la Constitución Española sus doce miembros se componen por tercios. Es decir, cuatro son nombrados por el Congreso, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro, por el Senado con la misma mayoría, dos por el Gobierno, y dos por el Consejo del Poder Judicial.
El Congreso marcó el 13 de septiembre como último plazo para que el CGPJ designara a sus dos candidatos, al modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, que obliga al nombramiento de los magistrados tres meses después del día siguiente al vencimiento del anterior mandato.
"Hay un grupo de vocales que han incumplido esa ley", señala Martín. "Esto lo hacen por una serie de intereses, entre ellos políticos y yo creo que por encima de cualquier interés político, como jurista, tengo que decir que lo que hay que hacer es cumplir la Constitución".
En juego, el sesgo ideológico del Tribunal Constitucional. La última vez que se renovó fue hace 9 años, durante el mandato del conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP). Entonces, la balanza se inclinó hacia el ala conservadora con siete magistrados consevadores y cinco progresistas.
Una renovación ahora con dos magistrados designados por el Gobierno de coalición progresista liderado por el socialista Pedro Sánchez significaría un viraje al otro lado.
"Nos resulta sorprendente que ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial no encuentren, dentro de toda la carrera judicial con tan ilustres juristas, dos personas para magistrados del Tribunal Constitucional", señala Martín.
¿Dónde se ha producido el choque de poderes?
El bloqueo tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional ha agotado la paciencia del Gobierno.
Aprovechando que el jueves pasado se iba a votar en el Congreso una proposición de ley, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, para reformar el delito de sedición y suavizar el de malversación, el Gobierno decidió añadir dos enmiendas que han generado discordia.
Dentro de la proposición para reformar la sedición, incluyó un apartado para reformar también la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Esas dos enmiendas establecían un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Eliminando así la obligatoriedad de tres quintos de los votos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional.
El texto también señala que se modificará la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar la obligación de la elección simultánea de los dos candidatos del Ejecutivo y los dos del Poder Judicial.
La reforma fue debatida y aprobada por amplia mayoría en el Congreso la semana pasada y debía pasar sin problemas por el Senado este jueves. Pero el Tribunal Constitucional impidió que se llevara a cabo la tramitación al aceptar un recurso del Partido Popular.
“Es un hecho grave"
El Tribunal Constitucional acepta con frecuencia recursos para paralizar y estudiar leyes, pero estas habían ya pasado por el Senado. Actualmente tiene recursos del Partido Popular contra varias leyes clave en su tramitación, como las relativas al aborto, la eutanasia y la educación. Pero nunca antes había intervenido en el proceso antes de su aprobación.
PUBLICIDAD“El Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesarias para poner fin al bloqueo del Constitucional y del Poder Judicial”, ha afirmado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tras señalar que acata la resolución del tribunal pero lo considera "un hecho grave".
“Esta decisión tiene su origen en que el PP, cuando perdió las elecciones, decidió no cumplir la Constitución y bloquear primero el Consejo General del Poder Judicial y ahora el Constitucional, con el único objetivo de mantener una composición más favorable a sus intereses".
“Hay obsesión del Gobierno por controlar las instituciones del Estado”, ha respondido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “Seguiremos utilizando todas nuestras vías, vamos a defender el Estado de derecho hasta el final”.