Se trata de una de las más de cien comisarías chinas camufladas repartidas por todo el mundo. Habrían llevado a cabo operaciones para forzar el retorno de emigrantes.
PUBLICIDADEl cartel de la puerta de este local en la ciudad toscana de Prato asegura que es un centro cultural.
Pero una reciente investigación llevada a cabo por el grupo de defensa de los derechos civiles y desapariciones en China, Safeguard Defenders afirma que se trata de una de las más de cien comisarías chinas camufladas repartidas por todo el mundo. Habrían llevado a cabo operaciones para forzar el retorno de emigrantes.
Este centro lleva semanas cerrado desde que salieron a la luz las primeras denuncias. Según el último informe de la organización, en al menos 83 casos se han utilizado locales como éste para obligar a disidentes chinos a regresar a su país.
China niega las acusaciones. En Prato, donde vive la mayor comunidad china de Italia, la mayoría de los residentes locales con los que hablamos dicen no saber nada al respecto.
Safeguard Defenders alega que aquí se están llevando a cabo muchas otras actividades ilegales que forman parte de lo que describen como campañas transnacionales masivas de vigilancia y represión por parte de China. Según el informe, Italia es un caso único. No sólo es uno de los pocos países que aún no ha puesto en marcha una investigación a gran escala sobre el caso, sino que es el país con el mayor número de comisarías de policía de este tipo en todo el mundo.
Pero una reciente reunión solicitada por la diputada Erica Mazzetti con el ministro del Interior italiano parece demostrar que el gobierno italiano se está tomando el asunto muy en serio.
Un avance significativo desde que se publicó el informe a principios de diciembre:"Por primera vez ha salido algo muy claro de la reunión, el ministro ha dicho que se ha abierto una investigación para estudiar el asunto. Nos alegra mucho saberlo. Es un paso importante para la ciudad de Prato y para las demás ciudades donde se encuentran el resto de las supuestas comisarías"
La investigación se basó en información de fuentes abiertas recopilada a partir de declaraciones y datos públicos chinos. Safeguard Defenders afirma que un acuerdo de patrulla policial conjunta firmado tanto por Italia como por China en 2015 puede haber fomentado estas actividades.
Lia Quartapelle es de los pocos políticos que creen que es motivo de preocupación a nivel nacional. Ha planteado preguntas parlamentarias sobre el tema. portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Democrático asegura: "Nos gustaría que este gobierno mantuviera una relación seria con China...a diferencia de lo que ocurrió en la época del primer gobierno presidido por Giuseppe Conte, que se comprometió demasiado con China"
El grupo de derechos civiles participó recientemente en una audiencia pública sobre el tema ante una comisión especial del Parlamento Europeo.
Aparezcan o no pruebas de las actividades ilegales que se llevan a cabo en estos centros, parece que hay mucha gente aquí en Italia que sigue a la espera de que aflore la verdad, las preguntas sin respuesta siguen siendo muchas... y no sólo en Prato.