El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
PUBLICIDAD"Esta será su casa donde vivirán por décadas" Así se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Nayib Buleke, el día en el que estrena su megaprisión con el ingreso de lo primeros 2 000 pandilleros. Presentada como la megacárcel "más grande de América".
La nueva infraestructura está diseñada para albergar a 40.000 delincuentes y fue inaugurada este mes por el presidente salvadoreño. Bukele libra una "guerra" contra los grupos del crimen organizado desde marzo de 2021.
La gigantesca prisión ha sido objeto de duras críticas porque violaría derechos humanos y por ir en contra de las normas internacionales. Incluye pabellones de confinamiento con cabinas metálicas y "celdas de castigo". A 74 kilómetros de la capital del país el centro destaca también por sus rigurosos controles de acceso.
A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.
Bukele inauguró el CECOT a finales de enero.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.