Agricultura y cohesión, los grandes perjudicados del presupuesto de la UE

Agricultura y cohesión, los grandes perjudicados del presupuesto de la UE
Derechos de autor REUTERS/Francois Lenoir
Por Ana LAZARO
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La propuesta de la Comisión Europea prevé recortes en agricultura y cohesión, pero más inversión para la inmigración y la lucha contra el paro. También condiciona la percepción de fondos al respeto del Estado de Derecho.

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El próximo presupuesto de la Unión Europea ya está sobre la mesa.

Los principales perjudicados serán la Política Agrícola Común y los Fondos de Cohesión, que sufren recortes del 5% y del 7% respectivamente.

Se incrementa en cambio la partida dedicada a la inmigración y a la lucha contra el desempleo.

Pero en cualquier caso hará falta que los estados miembros contribuyan más para compensar la pérdida de ingresos que supone la salida de Reino Unido de la UE.

"Vamos a abordar este problema ahorrándo y pidiendo a los estados miembros que contribuyan un poco más", ha explicado Gunther Oettinger, comisario europeo para los Presupuestos al presentar su propuesta ante la Eurocámara. "Creemos que el camino correcto es ahorrar e invertir".

El monto total del presupuesto ascenderá a 1.300 billones de euros, y para ello la contribución de los estados deberá pasar del 1,03% al 1,11% del Producto Interior Bruto.

Una novedad importante del próximo Marco Finaciero Plurianual, nombre técnico de los presupuestos comunitarios, es que condiciona la percepción de fondos al respeto del Estado de Derecho. Y aunque evita mencionar los países que podrían verse afectados, Hungría y Polonia están en la mirilla.

"Proponemos un nuevo mecanismo de control para proteger el presupuesto de los desafíos al Estado de Derecho. Este mecanismo se aplicará de manera generalizada y a priori no apunta a ningún estado en particular, pero es un elemento importante de la nueva arquitectura presupuestaria", ha explicado Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

El nuevo presupuesto deberá recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se necesita la unanimidad de todos los estados miembros.

Se abre pues un difícil periodo de negociaciones que la Comisión quiere limitar a un año, para poder contar con ellos antes de las elecciones europeas.

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