La amenaza de la pobreza energética se cierne sobre Europa

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Derechos de autor Julian Stratenschulte/AP
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Por Bryan CarterAna Lázaro
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La subida del precio de la energía va a dejar a 80 millones de europeos con problemas para pagar sus facturas. Los activistas piden que el acceso a la energía se considere como un derecho fundamental.

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Con el aumento del precio de la energía y la proximidad del invierno, se calcula que 80 millones de europeos podrían tener problemas para pagar sus facturas.

Y esta pobreza energética podría agravarse si la recuperación pospandemia se ralentiza.

"Algunas personas tendrán que hacer frente a niveles de consumo de energía importantes y tendrán dificultades para pagar.  Y algunos hogares sufrirán privaciones y apagarán la calefacción para poder comer. Así que nos encontraremos con diferentes formas de pobreza energética", explica Alexandre Viviers, experto en energía de Sia Partners.

El nivel de ingresos de un país y la combinación energética que utiliza determinan el número de personas afectadas por la pobreza energética.

Con cifras que oscilan entre el 3% de Luxemburgo y el 30% de Bulgaria, los países de la UE encuentran dificultades para abordar el problema de manera conjunta.

Los expertos dicen que las soluciones que están adoptando algunos gobienos deben venir acompañadas de medidas comunes a largo plazo para garantizar la seguridad energética y al mismo tiempo reducir la dependencia de las energías fósiles.

"Uno de los mecanismos que tienen los gobiernos de la UE es jugar con los impuestos y gravámenes incluidos en las facturas energéticas. Pero no es la única opción. También pueden optar por entregar una asignación única al margen de la factura. Pero este es un debate importante. ¿Qué pertenece a la factura energética y qué no? ¿Cómo queremos financiar, entre otros, la transición energética y las medidas sociales para combatir la pobreza energética?", se pregunta Viviers.

El debate a nivel europeo no ha hecho más que empezar. pero algunos activistas abogan por el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho fundamental. Quieren que Bruselas prohiba la desconexión energética que actualmente afecta a 7 millones de hogares europeos cada año.

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