Bruselas quiere reducir la coerción económica. ¿Qué puede hacer?

Bruselas quiere reducir la coerción económica. ¿Qué puede hacer?
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Por Aida Sanchez AlonsoJorge Liboreiro
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El nuevo instrumento anti-coerción se presenta en medio de una disputa comercial entre China y Lituania.

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La Unión Europea se está reforzando contra la coerción económica con una nueva arma comercial que castigará a los países que se entrometan en la política interna del bloque.

"No dudaremos en defendernos cuando estemos bajo amenaza", ha asegurado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea. "No aceptaremos tácticas de intimidación".

Bajo este nuevo instrumento presentado el miércoles, Bruselas podrá imponer sanciones a gobiernos extranjeros, empresas e individuos que abusen de los lazos comerciales y financieros con el objetivo de forzar un cambio en la política de la UE.

Las posibles represalias pueden incluir más aranceles, restricciones a la exportación, exclusión de las licitaciones públicas, límites a la inversión extranjera y la cancelación de contratos con la UE.

La medida de Bruselas llega en un momento en el que las tensiones geopolíticas se extienden al comercio transfronterizo, creando un vínculo cada vez más estrecho entre comercio y política. Y que a menudo se vuelve tóxico e impredecible.

Apenas unos días antes del anuncio, China bloqueó la entrada de ciertos productos lituanos a sus puertos, alegando que el país báltico había sido eliminado de los sistemas de declaraciones de aduanas.

Lituania denunció la prohibición como una represalia por permitir que Taiwán, la isla democrática autónoma que Pekín considera una providencia del país, abra una oficina de representación en Vilnius.

Dombrovskis, a cargo de la cartera comercial de la UE, cree que esta disputa podría justificar la aplicación del nuevo instrumento, pero ha enfatizado que la propuesta no ha sido diseñada contra ningún país específico.

El caso chino está lejos de ser un episodio aislado y llega inmediatamente después de otros casos controvertidos que han colocado a la UE, tradicional defensora del libre mercado y el libre comercio, en una posición cada vez más incómoda.

El año pasado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, intentó provocar un boicot internacional a los productos franceses después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron publicara unas medidas para defender el laicismo contra el islam radical. En 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a la UE con aranceles sobre el acero y el aluminio, invocando una disposición oscura para alegar que las importaciones amenazaban la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Cuál es el propósito del arma comercial?

El instrumento anti-coerción permitirá al bloque responder colectivamente a los países que recurren a la presión económica, la intimidación y las amenazas en un intento por influir en los asuntos de la UE y la política interna.

El principio de no injerencia en los asuntos internos de un estado soberano - o, en este caso, una unión de estados - es una piedra angular del derecho internacional.

Sin embargo, el objetivo principal de la herramienta no es el castigo, sino la disuasión: Bruselas espera que el espectro de las sanciones por sí solo sea suficiente para disuadir a los países de participar en el chantaje comercial.

El mecanismo se aplicará solo a las prácticas coercitivas de países no pertenecientes a la UE, subrayó Dombrovskis. En otras palabras, se centrará en los esfuerzos patrocinados por estados que intenten explotar vínculos económicos, como el comercio y la inversión, para impulsar un cambio político en un gobierno nacional o en toda la UE.

La coacción de empresas privadas y particulares también será sancionada si la conducta es parte de una campaña encubierta dirigida por un actor estatal.

Pero esta conexión podría ser difícil de probar: a principios de este año, usuarios de las redes sociales chinas, incluida la Liga de la Juventud Comunista, organizaron un boicot contra H&M. La marca sueca había anunciado que dejaría de utilizar algodón de la región china de Xinjiang ante las acusaciones de trabajo forzado.

¿Cómo funcionará en la práctica?

El arma comercial prevé contar con una activación relativamente sencilla para facilitar la reacción del bloque.

Cualquier país, empresa o entidad de la UE tendrá derecho a presentar una reclamación a la Comisión Europea. El ejecutivo investigará la situación y reunirá las pruebas necesarias para ver si la disputa equivale a una coerción económica o se relaciona con la jurisdicción de la OMC.

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Si la Comisión determina que la situación es, en realidad, un caso de coerción económica, se comunicará con el país acusado y comenzará las negociaciones para encontrar una solución. Si la mediación fracasa y la coerción persiste, la Comisión puede avanzar un poco y recomendar contramedidas, que deberán ser debatidas y aprobadas por los Estados miembros.

Es importante destacar que la luz verde de las capitales se conseguirá con mayoría cualificada. Esto evitará el requisito de unanimidad que a menudo empantana la política exterior de la UE.

Las medidas serán proporcionadas, equilibradas y diseñadas de acuerdo con el daño causado por la conducta coercitiva. Las posibles restricciones pueden apuntar a bienes, servicios, contratación pública, inversión extranjera directa, derechos de propiedad intelectual y acceso a programas financiados por la UE.

Una vez aprobadas, los 27 Estados miembros deberán hacer cumplir las sanciones contra el tercer país, incluso si no son víctimas directas de la campaña de coerción.

"La unidad y la solidaridad siguen siendo claves para defender nuestros valores e intereses", ha defendido Dombrovskis.

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¿Se activará alguna vez esta herramienta?

Primero, el instrumento anti-coerción necesita ser discutido y aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

Una vez que la versión final del reglamento esté en vigor, cualquier país de la UE podrá solicitar a la Comisión que active el mecanismo.

No hay límites aparentes sobre hasta dónde pueden llegar las represalias, aunque la regla de proporcionalidad servirá como una forma restricción importante. El principio de disuasión sugiere que las sanciones serán un último recurso una vez que se hayan agotado todas las formas de participación internacional. "El instrumento tendría más éxito si no hay necesidad de utilizarlo", dijo el ejecutivo.

La Comisión será contundente en su respuesta, pero también cuidadosa y pragmática para garantizar que las contramedidas no sean contraproducentes y causen más daños a la economía del bloque, señalaron funcionarios de la UE.

¿Cuál ha sido la reacción al anuncio?

Los eurodiputados han reaccionado positivamente a la propuesta de la Comisión, que habían solicitado en anteriores ocasiones.

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"El instrumento es una novedad ante la política de siempre de Bruselas", ha escrito Bernd Lange, un eurodiputado alemán que preside la comisión del Parlamento sobre comercio internacional. "La Unión Europea debe reconocer la realidad de un panorama geopolítico cada vez más duro".

Sus colegas Hilde Vautmans, de Renovar Europa, y Reinhard Bütikofer, de los Verdes, también han dado la bienvenida a la nueva herramienta y han argumentado que es necesario contrarrestar el comportamiento agresivo de China.

"Beijing está advertido", ha escrito Vautmans en Twitter. "Las tácticas chinas de divide y vencerás no serán tan efectivas como solían ser".

Se espera que Francia y Alemania den su apoyo a la propuesta, arrastrando a otros Estados miembros también preocupados por la creciente tendencia a la coerción económica.

Por el contrario, Suecia y la República Checa han expresado su preocupación por el alcance del instrumento e insistido en que las sanciones siempre deben ser "excepcionales", cumplir con el derecho internacional y "minimizar cualquier efecto negativo" en la economía general del bloque.

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"Creemos que sería extremadamente difícil (especialmente en poco tiempo) cuantificar el daño económico y político y encontrar las contramedidas adecuadas", escribieron los dos países en un comunicado conjunto consultado por Euronews.

Dados los muchos intereses económicos, a veces divergentes, que cada Estado miembro tiene en juego, el proyecto de ley corre el riesgo quedar "muy diluido" durante el ciclo legislativo, predice el profesor John O'Brennan, de la Universidad Nacional de Irlanda, Maynooth.

Sin embargo, el profesor ha admitido que, si se conserva la esencia del marco unificado, será un "punto de inflexión”.

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