La Conferencia sobre el Futuro de Europa cierra con la Comisión y varios de los grandes países europeos pidiendo reformas en los tratados, algo a lo que la mayoría de los países peque´ños se oponen.
PUBLICIDADEn las últimas dos semanas, varios destacados líderes de la Unión Europea han defendido públicamente modificar los tratados de la UE, lo que ha provocado una rápida oposición.
Entre los que han expresado su apoyo a la actualización de los tratados están el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro italiano Mario Draghi, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola.
Los partidarios de los cambios en los tratados dicen que esto hará que el bloque de 27 países sea más transparente y responsable, pero también, y quizás más crucial, más ágil a la hora de responder a crisis como la pandemia de la covid-19 y la agresión rusa a Ucrania.
En su punto de mira está la votación por unanimidad en el Consejo de la UE, que sigue siendo necesaria para varios ámbitos políticos clave, como los asuntos exteriores, la ampliación, las finanzas y determinadas disposiciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior.
Esto permite a los Estados miembros vetar la actuación de la UE en estos ámbitos, lo que, según sus partidarios, ralentiza la reacción del bloque. Por ejemplo, Hungría y Polonia amenazaron con vetar el presupuesto plurianual del bloque a finales de 2020 por los planes de crear un mecanismo de Estado de Derecho. El presupuesto se aprobó finalmente después de que los líderes de la UE acordaran suavizar el mecanismo que vincula la adhesión al Estado de Derecho a los fondos de la UE.
Los cambios en los tratados también permitirían al Parlamento iniciar legislación, algo que actualmente es competencia exclusiva de la Comisión.
Al menos 13 Estados miembros se han opuesto esta semana a la modificación de los tratados, alegando que es "prematura" y que "supondría un grave riesgo de desviar la energía política de las importantes tareas de búsqueda de soluciones" a las cuestiones planteadas en la recién concluida Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Los cambios en los tratados son asuntos laboriosos que suelen conllevar años de negociaciones seguidas de la aprobación unánime de todos los Estados miembros. Algunos Estados exigen que sus parlamentos nacionales respalden los cambios, mientras que otros deben obtener la aprobación de su electorado.
Los trabajos sobre el Tratado de Lisboa, por ejemplo, comenzaron en 2001 y el texto final se aprobó a finales de 2007. Entró en vigor en 2009.