La Comisión Europea da luz verde al plan de recuperación de Polonia pero no mandará fondos hasta que Varsovia no cumpla con las reformas del sistema judicial.
PUBLICIDAD24.000 millones de euros en subvenciones y 12.000 millones de euros en préstamos para Polonia. La Comisión Europea ha dado finalmente su visito bueno al plan de recuperación de Varsovia. Aunque con polémica.
El Plan había estado bloqueado durante meses por las dudas de Bruselas respecto a la independencia judicial en Polonia. Pero no es un cheque en blanco. Bruselas y Varsovia han acordado una serie de hitos relacionados con la independencia judicial y el dinero empezará a llegar solo después de cumplirlos.
"Por supuesto, confiamos en que si el plan es aprobado por el Consejo, estos compromisos se cumplirán. Pero, obviamente, controlaremos seriamente que se ejecuten", ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Al menos dos comisarios han votado en contra yen el Parlamento Europeo, la noticia no ha sentado bien entre varios eurodiputados y defensores del Estado de Derecho. Creen que la Comisión Europea ha perdido la batalla para convecer al gobierno polaco que cumpla con los valores europeos.
La comisión de libertades civiles de la Eurocámara ha escrito una carta en la que convoca la presidenta de la Comisión Europea a debatir sobre el tema.
"Ursula von der Leyen está sacrificando el estado de derecho. Incluso las condiciones que había mencionado una y otra vez durante los últimos meses no se cumplen... la cámara disciplinaria no se suprime... más bien se le cambia el nombre.. Los jueces no han vuelto a sus antiguos puestos. Algunos han sido reincorporados, pero han sido enviados inmediatamente al otro lado del país, por lo que se trata de una falsa reforma y hay miles de millones de fondos que ahora van a Polonia, y no sabemos a dónde se supone que van a ir, ya que la justicia en Polonia no funciona", ha lamentado el eurodiputado Daniel Freund de Los Verdes.
A pesar de las recientes modificaciones, Polonia está ignorando 20 sentencias del TJUE y más de 1.700 jueces han sido nombrados ilegalmente. Por tanto, lo que preocupa es que si hay algún conflicto o fraude relacionado con los miles de millones de fondos europeos que pronto llegaran al país, no habrá ningún tribunal independiente para controlarlo.