Los pagos a Varsovia vienen condicionados al cumplimiento de una serie de cambios en el sistema judicial que, según expertos, está por ver que se vayan a cumplir.
PUBLICIDADA punto de recibir los primeros pagos del fondo de recuperación de la Unión Europea, Polonia ve como sus jueces siguen bajo los efectos de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un controvertido órgano que considerado por muchos una herramienta de intromisión gubernamental en el poder judicial y considerado por el propio Tribunal de Justicia de la UE como "incompatible" con la legislación comunitaria.
En total, Polonia había solicitado 35.400 millones de euros —23.900 en subvenciones y 11.500 en préstamos baratos— del fondo colectivo del bloque, diseñado en 2020 para capear la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.
Pero el plan polaco estuvo bloqueado durante más de un año por la persistente preocupación de que la independencia judicial estuviera amenazada por la invasión de los poderes ejecutivo y legislativo. Tras meses de idas y venidas entre Bruselas y Varsovia, la Comisión Europea anunció este miércoles la aprobación oficial del programa polaco.
Según ha podido saber Euronews, durante las deliberaciones internas cinco comisarios de la Unión, entre ellos Frans Timmermans y Margrethe Vestager, votaron en contra o expresaron sus reservas sobre la aprobación del ejecutivo.
A cambio de esta polémica luz verde, Polonia acepta por su parte llevar a cabo dos reformas judiciales clave, sin las cuales no se tramitaría ningún pago de esos fondos de recuperación:
-Reformar el régimen disciplinario de los jueces y sustituirlo por un nuevo órgano.
-Revisar los casos de los jueces afectados por las sentencias de la sala disciplinaria.
En cuanto a la primera exigencia, el Gobierno polaco ya ha presentado una alternativa: una "Cámara de Responsabilidad Profesional" que se encargaría de investigar a los magistrados, en lugar de castigarlos.
Bruselas recuerda que el nuevo organismo debe cumplir con las normas de la legislación de la Unión, si bien desde Iustitia, la mayor asociación de jueces de Polonia, advierten de que la cámara propuesta "no impedirá que el ejecutivo polaco ejerza el control sobre los jueces y socave aún más su independencia".
Con todo, es el segundo punto o hito el que se presenta como el más conflictivo. Bruselas ha pedido a Polonia que conceda a los jueces disciplinados el derecho a que sus casos sean revisados por un tribunal imparcial e independiente, pero está por ver que así sea.
Cabe recordar que la actual cámara tiene el poder de imponer multas, recortes salariales, suspensiones y el levantamiento de la inmunidad. En 2021, tomó decisiones en más de 200 casos: de ellos, 122 de los afectaban a jueces, de los cuales 25 resultaron en una suspensión definitiva de su inmunidad. Y todavía hay más casos pendientes. Los cargos son variados y van desde "delitos comunistas" hasta conducción en estado de ebriedad y corrupción.
Hasta hace poco, la Comisión había insistido en la "conditio sine qua non" de reincorporar a los jueces despedidos ilegalmente. Pero lo cierto es que hoy por hoy Polonia sólo tiene que demostrar que se ha iniciado la revisión legal, no que haya concluido o corregido la irregularidad.
"El proceso de revisión puede iniciarse a petición de un juez afectado", dijo un funcionario de la Unión Europea que habló bajo condición de anonimato. "La primera audiencia puede tener lugar en tres meses después de la solicitud y todo el proceso puede completarse en 12 meses". Otro funcionario nos recuerda que "algunos jueces podrían ser readmitidos, y otros simplemente no".
La sala fue considerada ilegal por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que aseguró que su funcionamiento "puede causar un daño grave e irreversible al ordenamiento jurídico de la Unión". El TJCE ordenó entonces la suspensión temporal del órgano y la anulación de la mayoría de las decisiones adoptadas hasta el momento.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ordenó por su parte medidas cautelares en el caso de varios jueces polacos que, tras aplicar la jurisprudencia de la UE, se enfrentaron a cargos penales por "abuso de poder".
Un camino por recorrer
Dado que Polonia puede presentar dos solicitudes de pago al año, el acuerdo significa que Varsovia probablemente recibirá los dos primeros tramos de los fondos de recuperación de la Unión —y quizás incluso los tres primeros— mientras los jueces siguen bajo los efectos del régimen disciplinario.
Se espera que el primer tramo sea de algo más de 4.000 millones de euros, combinando subvenciones y préstamos a bajo interés, y que este se desembolse antes de finales de año. El siguiente pago, previsto para el primer trimestre de 2023, será de una cuantía similar. Un tercer desembolso podría tener lugar en el segundo semestre de 2023.
La Comisión ha negociado este tercer pago con el objetivo de garantizar que la revisión judicial de los jueces afectados haya concluido para entonces de acuerdo con las normas de la Unión Europea. Pero la disposición no se activará hasta el último trimestre de 2023, lo que da a Varsovia tiempo suficiente para subsanar los fallos de la cámara mientras el dinero sigue fluyendo.
PUBLICIDAD"Un primer pago sólo será posible cuando la nueva ley esté en vigor y queden marcadas todas las casillas de este contrato", aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un consejo a Varsovia. "Además, Polonia debe demostrar antes de finales de 2023 que todos los jueces despedidos ilegalmente han sido restituidos. Esto es un progreso, pero no hemos llegado al final del camino del Estado de Derecho en Polonia", remarcaba Von der Leyen sobre este asunto.
Ante las palabras de la presidenta de la Comisión, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, prometía por su parte "no permitir que la anarquía se apodere de nuestro sistema judicial". "Tengo mi propia opinión sobre el poder judicial antes de 2025 y los jueces nombrados por las autoridades comunistas", decía Morawiecki en dicho encuentro. "Y la presidenta Von der Leyen conoce muy bien mi opinión al respecto".
"Los errores no se han enmendado"
Como parte del plan polaco, Bruselas incluye a su vez una cláusula de no reversión. Con ella pretende garantizar que el Gobierno no anule las reformas acordadas. Si se incumple el acuerdo, se paralizarán los pagos.
Para algunos expertos como el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, esto no es suficiente. López Aguilar preside la comisión de libertades cívicas y justicia del Parlamento Europeo, y ha sido un frecuente crítico del partido gobernante polaco. Al ser preguntado por Euronews sobre esta cuestión, el eurodiputado lo tiene claro: "Polonia no debería tener acceso a los fondos de la UE hasta que no demuestre su voluntad de cumplir plenamente las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".
López Aguilar cree demás que Ursula von der Leyen "ha traicionado sus propias palabras". Y es que la presidenta de la Comisión había desvelado en el pasado tres condiciones para desbloquear el plan polaco, entre ellas la reincorporación de los jueces destituidos.
PUBLICIDAD"Los jueces fueron destituidos porque aplicaron el derecho de la Unión Europea. Eso es inaceptable", dice López Aguilar. "Esas faltas no han sido enmendadas por el Gobierno polaco. No hay garantías suficientes".
De 2022 a 2026, Polonia recibirá 35.400 millones de euros en subvenciones y préstamos para ejecutar 49 reformas y 52 proyectos de inversión, de los cuales el 42 por ciento se dedicarán a la transición ecológica. Además, Polonia tiene derecho a 25.000 millones de euros adicionales en préstamos.
El acuerdo para desbloquear el fondo de recuperación no aborda por su parte la sentencia de 2021 del Tribunal Constitucional polaco, que cuestionaba directamente la primacía de la legislación de la Unión y que hacía temer un "Polexit" legal.
Los funcionarios de la UE insisten en que los compromisos adquiridos con Varsovia son lo suficientemente fuertes como para proteger los intereses financieros del bloque, y que las disputas centradas en el Estado de Derecho deben abordarse "a través de los procedimientos de infracción, no del fondo de recuperación". Bruselas argumenta también que el plan original polaco, presentado en mayo de 2021, no incluía ningún compromiso en relación con las reformas judiciales.
Los 27 han lanzado varios casos legales contra Polonia en los últimos años en un intento de poner fin al régimen disciplinario. Estos casos han llegado al TJUE, y uno de ellos ha dado lugar a una multa de un millón de euros al día a Varsovia por seguir desobedeciendo la ley.
PUBLICIDAD"Si Polonia cumple los hitos del plan de recuperación plena y fielmente, más pronto que tarde la Comisión deliberará sobre los procedimientos de infracción, para ponerles fin", nos revela un funcionario de la Unión. "Pero hasta entonces, los casos ahí siguen".
Tras la luz verde polaca, sólo quedan dos Estados miembros sin un plan de recuperación aprobado: Hungría, cuyo programa está en suspenso por cuestiones de Estado de Derecho, y los Países Bajos, que aún no han presentado su proyecto.