La advertencia llega de la Comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, tras una reunión la semana pasada con los ministros griegos.
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha advertido a Atenas que deben cesar las "deportaciones violentas e ilegales de inmigrantes", después de que Grecia haya sido acusada una vez más de llevar a cabo expulsiones de este tipo.
La advertencia la hacía la comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, tras una reunión la semana pasada con los ministros griegos.
Johansson señalaba cómo los fondos de la UE están "vinculados a la correcta aplicación de los derechos fundamentales de la Unión", y acogía con satisfacción una "nueva propuesta para integrar los derechos fundamentales" en el sistema de asilo griego. "Me complace la información de que esto estará en marcha para el 1 de septiembre", señaló a través de Twitter.
Grecia ha sido acusada durante años de llevar a cabo expulsiones ilegales de inmigrantes en su frontera con Turquía y en el mar.
Diversas ONG han condenado la violencia empleada, y el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos ha declarado que las 12 personas encontradas muertas en la frontera turca en febrero fueron "víctimas de las expulsiones ilegales griegas y de los juegos políticos inhumanos que atrapan a los migrantes en tierras de nadie, abandonadas".
Acusaciones mutuas
Human Rights Watch, por su parte, afirma que las autoridades griegas, incluso "a través de la utilización de apoderados", están "agrediendo, robando y despojando a los solicitantes de asilo y migrantes afganos, incluidos niños, antes de empujarlos sumariamente de vuelta a Turquía a través del río Evros".
Una investigación de distintos medios de comunicación publicada a principios de este año encontró pruebas de que casi 1.000 migrantes fueron empujados de vuelta en el mar Egeo entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 por las autoridades griegas y el personal de Frontex, la agencia de fronteras exteriores de la UE.
Dicho escándalo provocó la dimisión del jefe de Frontex, Fabrice Leggeri, mientras los eurodiputados se negaban a aprobar el presupuesto de la agencia exigiendo ver el resultado de una investigación —de un año de duración—de la oficina antifraude de la Unión, la OLAF, sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en la frontera contra los migrantes.
Atenas, sin embargo, ha negado tales acusaciones y ha criticado la falta de solidaridad de otros Estados miembros de la UE a la hora de hacer frente a la afluencia de personas. Y también ha arremetido contra Ankara, acusando a su vecino de alimentar las tensiones al dejar pasar a los inmigrantes por la frontera. El Gobierno griego habría abierto a su vez investigaciones contra varios trabajadores de ONG, a los que acusa de contrabando.