El debate sobre la legalidad de la prostitución sigue abierto mientras cada país de la UE apuesta por modelos radicalmente opuestos.
PUBLICIDADLa discusión sobre la ley para abolir la prostitución en España ha avivado el debate sobre qué modelo es el más adecuado para proteger a las personas que la ejercen, en su gran mayoría mujeres. El Gobierno español se fija en el llamado “modelo nórdico”, en el cual se castiga al cliente de la prostitución para intentar cortar la demanda. Pero no todos los países están siguiendo esa senda.
En Alemania, donde el trabajo sexual es legal y se considera un empleo más, comienzan a revisar su última normativa en julio de este año para comprobar sus efectos. De esa evaluación saldrá un informe que deberá presentarse al Bundestag alemán a más tardar el 1 de julio de 2025. El ejemplo alemán y el proyectado en España son solo dos entre la gran variedad de enfoques existentes en la UE, donde cada país está tomando caminos distintos sobre el trabajo sexual.
Hay conformidad sobre el problema que suponen la trata de personas y la prostitución forzosa, pero el consenso se difumina cuando se habla del trabajo sexual en general, incluyendo el que se ejerce por libre voluntad.
La posición de la UE
Según el último informe sobre trata de personas de la Comisión Europea, el 60% de las víctimas en la UE lo son con fines de explotación sexual, y de ellas más del 90% son mujeres. Ante esta realidad, la Comisión asume este problema como “una forma de violencia contra las mujeres”, con su origen “en las desigualdades de género”.
En 2014, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por la que considera que “la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Las instituciones comunitarias apuestan por perseguir la demanda de prostitución castigando a los clientes. Pero la realidad es que solo dentro de la UE existe gran disparidad de normativas nacionales respecto a la prostitución, que van desde la alegalidad hasta su prohibición, pasando por su legalización.
El modelo nórdico
Suecia fue el primer país en criminalizar el consumo de prostitución, poniendo el foco en los clientes en vez de en las personas que la ejercen. Es el llamado “modelo nórdico”, cuya primera ley al respecto data de 1999 y ha inspirado a otros países de la UE como Francia e Irlanda. El código penal sueco también castiga el proxenetismo y va encaminado a la abolición de la prostitución.
En 2016, Francia siguió este ejemplo e introdujo multas a quienes “soliciten, acepten u obtengan relaciones sexuales de una persona que ejerce la prostitución”. Un año después, Irlanda se convirtió en el tercer país de la UE en adoptar este enfoque, con multas de hasta 500 euros y hasta 1000 en caso de reincidencia.
Un aspecto clave sobre este modelo es qué asistencia se presta a las personas que ejercen la prostitución, tanto de manera forzada como arrastradas por la pobreza. En Suecia, si la persona prostituida vive de forma legal en el país, “los servicios sociales ordinarios hacen una evaluación de sus necesidades, lo que puede incluir vivienda, apoyo financiero, etc.”, aclara la Agencia Sueca de Igualdad de Género. Si la persona procede de otro país, tanto si es víctima de trata como si no, puede acogerse a un programa voluntario de retorno y reintegración a su país de origen, que la misma agencia presta en convenio con la Organización Internacional para las Migraciones.
En Francia, las ayudas económicas para la inserción social y laboral de personas prostituidas ascienden a 330 euros mensuales en el caso de personas solteras, a los que se añaden 102 euros por cada hijo o hija a cargo. La asistencia se presta a “personas víctimas de prostitución, proxenetismo y trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, según la ley de acción social y familias. En cada departamento de Francia, un órgano del Estado se encarga de evaluar cada caso.
En Irlanda, la reforma de 2017 no incluye ayudas económicas específicas. Sin embargo, el Ejecutivo irlandés presentó el pasado mes de junio la nueva estrategia nacional contra la violencia de género, que pretende abordar la cuestión. “La estrategia cuenta con una serie de acciones relacionadas con la prostitución y caminos de salida de la misma, entre las que se incluye el apoyo al mantenimiento de los ingresos a través del Departamento de Protección Social”, señala a Euronews el Departamento de Justicia irlandés.
El modelo regulacionista
Alemania es el país más poblado de la Unión Europea y también el mayor ejemplo de regulación de la prostitución. Desde 2002 se permite a las trabajadoras y trabajadores sexuales prestar sus servicios en negocios autorizados o como autónomos. Cada Lander tiene competencias para decidir sobre las condiciones de trabajo y los ayuntamientos pueden prohibir la actividad en determinadas zonas o franjas horarias.
En 2016 se modificó el código penal alemán para castigar a los clientes de prostitución que contraten a víctimas de trata de personas. Un año después entró en vigor la última regulación sobre la materia, que amplió los derechos y obligaciones de las trabajadoras sexuales, como la obligación de registrarse ante una autoridad competente, recibir asesoramiento, usar preservativo en las relaciones y restricciones a la publicidad de sus servicios.
La prostitución es legal y regulada en otros seis estados de la UE, pero Países Bajos es quizá el ejemplo más conocido. Tras décadas en las que el trabajo sexual estaba oficialmente perseguido, aunque socialmente tolerado, en el año 2000 se levantó la prohibición sobre los burdeles y se distinguió claramente entre prostitución voluntaria y forzada, castigando esta última.
El modelo neerlandés está muy descentralizado y los municipios tienen amplias competencias para regular el trabajo sexual (número y ubicación de los burdeles, comprobación de los antecedentes penales de sus propietarios, requisitos de salud y seguridad, etc.). La prostitución en la calle está permitida solo en zonas específicas designadas por las autoridades locales.
¿Qué modelo es mejor?
La discusión sobre cuál es el mejor enfoque que desde el Estado se puede dar sobre la prostitución es compleja y está lejos de cerrarse. Existen posturas enfrentadas tanto desde el punto de vista de la protección de las víctimas de trata como de la propia justificación de prohibir el trabajo sexual en general.
En los últimos años “el debate ha cambiado poco”, señala Lucrecia Rubio, investigadora posdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sobre si los modelos abolicionistas son efectivos para atajar la trata de personas, Rubio recuerda que “la naturaleza ilegal” de este fenómeno “dificulta enormemente la obtención de datos fiables”, por lo que no es tan fácil relacionar las cifras sobre la trata con un modelo concreto.
Alicia Giménez, coordinadora de la asociación española Acción Contra la Trata, coincide en que “los datos relacionados con la prostitución y la trata son generalmente muy opacos”. Sin embargo, defiende el modelo nórdico como la mejor manera de atajar este problema. “Para los tratantes y proxenetas es muy fácil conseguir que las mujeres afirmen y firmen que están en prostitución por voluntad propia”, apunta Giménez sobre los modelos regulacionistas. “El término ‘prostitución forzada’ es engañoso, porque nos lleva a imaginarnos situaciones de violencia explícita, que en este mercado se convierten generalmente en una manipulación sutil”, considera.
PUBLICIDADPor contra, las organizaciones en defensa del trabajo sexual critican los modelos abolicionistas y consideran que no cumplen con sus objetivos declarados. Sex Workers Alliance Ireland, una organización que apoya a las trabajadoras sexuales irlandesas, argumenta que la abolición de la prostitución en el país solo ha servido para desproteger a las mujeres que la ejercen. “La prevención y la resiliencia contra la trata son mejores que la persecución a posteriori. En otros sectores, la capacidad de los trabajadores de organizarse, sindicarse y denunciar es fundamental para luchar contra la trata. Las trabajadoras del sexo no pueden organizarse de esta manera porque deben trabajar solas para hacerlo legalmente”, señala Linda Kavanagh, portavoz de SWAI.
Sin embargo, los modelos regulacionistas como el alemán o el neerlandés tampoco obtienen el favor de todos los sectores pro trabajo sexual. “No protegen ni garantizan los derechos de las trabajadoras (tanto nacionales como migrantes). Lo que hacen es garantizar el libre mercado de los empresarios, que son quienes más se benefician de esta legislación”, considera Belén Drake, secretaria de organización del sindicato español de trabajadoras sexuales OTRAS. “El único marco legal [en la UE] que se aproxima a las necesidades de nuestro colectivo es el de Bélgica, que fue aprobado hace unos meses. Es una legislación proderechos, descriminalizadora, que aboga por poner los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual en el centro y no solo beneficiar al empresariado”, concluye.