El relato de la joven polaca que murió por la prohibición del aborto en Polonia llega al Parlamento Europeo.
PUBLICIDADLa polaca Izabela Sjabor, de 30 años, murió el año pasado de un shock séptico, cuando estaba embarazada de 22 semanas. Miles de personas salieron a la calle en protesta por su muerte, provocada por la prohibición de facto del aborto en Polonia vigente desde 2020.
La cuñada de Izabela y la abogada de la familia han compartido en el Parlamento Europeo sus últimas palabras. En sus mensajes aseguraba que los médicos esperaron a que el corazón del feto, que era inviable, se detuviera antes de tratar los síntomas de su infección. "Izabela escribió a su familia durante su hospitalización que se sentía como una incubadora. Creo, y estoy segura, que quería decir que a nadie le importaba su vida, y que lo más importante para todos, incluidos los médicos del hospital, era, en primer lugar, la vida del feto, y en segundo lugar, la situación legal de los médicos", ha explicado la abogada Jolanta Budzowska.
En Polonia sigue siendo posible realizar un aborto legal en caso de amenaza para la salud y la vida de la madre y en caso de violación o incesto. Algo que ya no es posible en el caso de anomalías en el feto, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que lo consideraba una "práctica eugenésica".
El presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara, Robert Biedron, ha visitado Polonia recientemente y ha pedido una nueva herramienta legislativa. "La reacción en Polonia, Hungría y algunos otros países de la Unión Europea muestran claramente que los derechos humanos no se dan por sentados, por eso necesitamos crear un catálogo, un enfoque sistemático hacia los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres en Europa. La Carta Europea de los Derechos de la Mujer sería la herramienta ideal, incluyendo, por ejemplo, los derechos de salud sexual y reproductiva", ha explicado Biedron.
Antes de la nueva ley, había una media de 1000 abortos legales al año. Ahora se ha reducido a 100, en un país de casi 40 millones de habitantes. Los activistas por los derechos de las mujeres afirman que la cifra real es de unos 150.000, realizados con acceso irregular a las píldoras abortivas, en clínicas clandestinas o en el extranjero.