La posibilidad de un conflicto de intereses ha hecho sonar las alarmas de la Defensora del Pueblo Europeo.
PUBLICIDADLa Defensora del Pueblo Europeo ha pedido a la Comisión Europea que facilite detalles sobre los viajes profesionales hechos por altos funcionarios de la institución desde el año 2021 y que han sido pagados por terceros. Unas demandas que se suman a las consecuencias del escándalo de corrupción que ha salpicado a la Eurocámara.
En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviada el viernes pero publicada este lunes, la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo ha exigido que el Ejecutivo aclare las normas que aplica para determinar que no hay conflicto de intereses cuando los viajes profesionales son pagados por terceros.
En este caso la polémica llega después de que saliera a la luz que el director de la Dirección General de Transportes de la Comisión (DG MOVE), Henrik Hololei, viajó en varias ocasiones a expensas del Gobierno catarí o de organizaciones cercanas a él entre 2015 y 2021 a pesar de que su departamento participaba en la negociación de un acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Catar.
El acuerdo, firmado en octubre de 2021, establecía que todas las aerolíneas cataríes podrían operar vuelos directos desde y hacia cualquier aeropuerto de la UE y Catar y viceversa para las aerolíneas de la UE. El acuerdo aún no ha sido ratificado, pero se ha aplicado provisionalmente.
"El hecho de que el Gobierno catarí y organizaciones cercanas a él paguen los gastos de viaje del funcionario de mayor rango de la Dirección General de Transporte suscita dudas legítimas sobre la posible influencia indebida en la toma de decisiones de la UE en este ámbito", escribió en su carta la Defensora del Pueblo, Emilly O'Reilly.
Un portavoz de la Comisión ha asegurado a los periodistas que la inmensa mayoría de los viajes de trabajo del personal son pagados íntegramente por el Ejecutivo, pero que en algunos casos pueden participar terceros. Esto incluye, por ejemplo, a los organizadores de un acto relacionado con el viaje.
Según el portavoz, sólo alrededor del 1,5% de las misiones realizadas en el extranjero por el personal de la Comisión implican contribuciones de terceros. La cifra desciende hasta aproximadamente el 0,1-0,2% en el caso de los Directores Generales. Si hay dinero de terceros implicado, la Comisión lleva a cabo un análisis para evaluar cualquier posible conflicto de intereses.
Ningún conflicto de intereses
O'Reilly ha exigido a la Comisión que le facilitara su normativa actual para autorizar viajes pagados parcialmente por terceros, así como detalles de los cambios que piensa introducir. También ha solicitado una lista de todos los viajes de este tipo realizados desde 2021.
La Comisión ha explicado que el análisis realizado para los viajes de Hololei "había excluido cualquier conflicto de intereses", principalmente porque él no formaba parte del equipo que negociaba el acuerdo de transporte aéreo. Pero está ha sido una explicación de la que O'Reilly ha dicho que "se anotaba con preocupación", argumentando que "el público puede no hacer esta distinción, dado que el Director General asume en última instancia la responsabilidad de estas negociaciones."
El lunes se ha conocido que el propio Hololei, como Director General y por tanto jefe de su departamento, fue quien hizo los análisis de conflicto de intereses en sus viajes al extranjero que fueron cubiertos en parte por terceros, como hace con los viajes de los miembros de su personal.
En caso de duda a la hora de realizar un análisis de este tipo, los Directores Generales pueden pedir asesoramiento a través de la jerarquía política del ejecutivo,ha apuntado el portavoz. Algo que parece que Holelei no hizo.
La Comisión ha anunciado que está revisando sus normas para las misiones en el extranjero con el objetivo de endurecer las normas. Una opción, ha asegurado un portavoz, sería restringir a sólo tres el número de entidades que pueden participar en la financiación de los viajes al extranjero de altos cargos de la Comisión: la ONU, el G7 y el G20.
La atención sobre las directrices de la Comisión sobre viajes al extranjero se produce en medio de una presunta trama de sobrnos en la que están implicados varios funcionarios y ex funcionarios del Parlamento Europeo y a la que se ha vinculado a Catar y Marruecos. Ambos países niegan vehementemente las acusaciones.
El escándalo, según O'Reilly, ha aumentado el escrutinio sobre "el papel de terceros y cómo tratan de influir en los funcionarios públicos de la UE".
"Para mantener un alto nivel de confianza pública, he insistido en la necesidad de unas normas éticas estrictas y una gran transparencia en las interacciones entre los funcionarios de la UE y los representantes de intereses", ha añadido.
Las misiones en el extranjero, ha proseguido, pueden ser necesarias para promover los intereses de la UE, pero "es de la máxima importancia que estos acuerdos sean examinados con el fin de gestionar los riesgos de conflictos de intereses, ya sean reales, potenciales o percibidos".