Seis miembros de un colectivo que lleva cinco años reconstruyendo un pueblo abandonado en el centro de España han sido condenados a penas de un año y medio cárcel por ocupación ilegal y a pagar por su demolición
PUBLICIDADSeis miembros de un colectivo que lleva cinco años reconstruyendo un pueblo abandonado en el centro de España han sido condenados a penas de un año y medio cárcel por ocupación ilegal y a pagar por su demolición. Un castigo ejemplar, según señala la sentencia, para evitar el efecto llamada.
Situada en la sierra de Guadalajara, la pequeña localidad de Fraguas, cuya historia se remonta al siglo XIV, quedó deshabitada en la década de 1960 y el espacio se dedicó a maniobras miliares en los años 1980. En la actualidad el Gobierno de Castilla-La Mancha cataloga la zona como monte de utilidad pública.
"No hemos parado la reconstrucción", asegura a Euronews Jaime Merino, portavoz del colectivo Fragua Revive, quien dice que su objetivo es agotar todas las vías legales.
Han sido multados colectivamente con 16.380 euros por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo que podría dar lugar a otros tres años de prisión si no pagan la multa.
La Laponia del sur
La Serranía Celtibérica, que incluye municipios repartidos por la provincia de Guadalajara, Soria y Teruel, se denomina la Laponia del sur, puesto que la densidad de población es inferior a ocho personas por kilómetro cuadrado. Se trata de una zona que ha sufrido intensamente el éxodo rural y el envejecimiento de la población.
"Nos fuimos hacia la sierra de Guadalajara porque sabíamos que había muchos pueblos allí vacíos", explica Merino.
En España "hay una lista infinita de pueblos abandonados", pero eligieron Fraguas, porque contaba con una serie de manantiales, antiguas huertas, árboles frutales y estaba orientada hacia el sur.
¿Repobladores u "okupas?
Su primera acción fue la reconstrucción del cementerio como gesto de agradecimiento a los antiguos vecinos de Fraguas. Su beneplácito es para Merino una legitimación frente a las autoridades regionales que les acusan de asentarse allí ilegalmente.
Según explica, los vecinos están "encantados" y les apoyan en su misión de traer de vuelta a la vida Fraguas.
Uno de ellos, Isidro Moreno, les regaló un libro que había escrito sobre la memoria del pueblo con fotografía de las casas y el colectivo volvió a levantar de las ruinas la vivienda del tío de Isidro que se llamaba Cándido y la rebautizó como "casa Cándida". "En su honor y porque casi todas las casas tenían nombre de hombre", explica Merino.
"Casa Cándida" cuenta con un salón, una biblioteca y una cocina y es el centro de operaciones del colectivo. "Tenemos tres grandes construcciones y otras tres más modestas", indica, donde viven entre 13 y 15 personas.
Autárquicos
El objetivo del colectivo de Fraguas es autoabastecerse. Para ello, han implantado una instalación fotovoltaica, que cuenta con 24 paneles solares, y están desarrollando un sistema hidroeléctrico con una turbina de agua - proyecto de máster de uno de los integrantes.
Una alternativa a la despoblación rural
Todas estas construcciones deberán ser demolidas si prospera la condena. La denominación "monte de utilidad pública" implica que es ilegal edificar un núcleo urbano en el área. En su defensa, Merino dice que no han construido nada nuevo, sino que reconstruido lo existente. "Hemos avisado de cada acción que hemos hecho y hemos demostrado que no hicimos daño al medio ambiente".
A su juicio, el centro de la cuestión no es la ocupación ilegal, sino los obstáculos que la administración pública española plantea para la repoblación rural. "Hay que cambiar las leyes y facilitar que la gente joven que quiera salir de la ciudad pueda hacerlo, sin un alto coste económico", defiende. "Que hagan un listado de pueblos que puedan ser reurbanizados, se presenten proyectos, como el que presentamos nosotros, que sean coexistentes con el medio natural", propone.
"¿Porque tanta intención por destruir si podemos reconstruir un municipio, reactivar la España rural?", se pregunta Merino.
El gobierno regional argumenta que el pueblo se encuentra en un bosque público dentro de un parque natural, por lo que su presencia es un riesgo de incendio. Pero Merino sugiere que la respuesta puede estar relacionada con el coto de caza de la zona, que dice reporta 50.000 euros trimestrales a la región, y que no sería viable si Fraguas vuelve a ser un núcleo urbano reconocido legalmente.
Mientras se resuelve el recurso a la condena, el colectivo no piensa dejar el pueblo, ni que su trabajo sea demolido, y para ello han organizado una petición online para recoger firmas y varios actos en las próximas semanas.