¿Qué están obligados a dar los países a los solicitantes de asilo según la UE?

¿Qué están obligados a dar los países a los solicitantes de asilo según la UE?
Por Lillo Montalto Monella
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Matteo Salvini prometió reducir el presupuesto asignado a cada solicitante de 35 a no más de 25 euros.

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El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, tuiteó en julio que antes del final del verano el presupuesto del gobierno italiano para cada solicitante de asilo bajaría de 35 a al menos 25 euros, añadiendo que el dinero se utilizaría para financiar operaciones de seguridad.

Pero, ¿puede Salvini reducir por sí solo el presupuesto de acogida de los solicitantes de asilo italianos? Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (una ONG que trabaja con migrantes en Trieste) dice que no.

"Los políticos no pueden hacer lo que quieran. Hay una clara directiva de la UE que describe cuál debe ser el nivel de los servicios para las personas que solicitan asilo", dijo a Euronews.

A lo que Schiavone se refiere es a la directiva 2013/33. Esta norma pretende dar a los solicitantes de asilo "un nivel de vida digno" mientras esperan una decisión sobre su solicitud de asilo. Sin embargo, no se aplica a aquellos cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas por un Estado miembro de la Unión Europea.

Corresponde a los Estados miembros decidir si proporcionan a los solicitantes de asilo dinero de bolsillo o vales para pagar las "necesidades materiales". Sin embargo, el importe debe ser igual a la suma que necesitan los italianos para "garantizar un nivel de vida adecuado".

La directiva también incluye una sección que detalla los servicios prestados a las personas "vulnerables", especialmente a los menores no acompañados y a las víctimas de tortura. No obstante, la ley deja en manos de los Estados miembros la definición de lo que constituye "un nivel de vida adecuado".

Se exigió a los Estados miembros que incorporaran la ley de 2013 a su legislación nacional antes del 20 de julio de 2015.

Schiavone dijo que no era factible ofrecer todos estos servicios con menos de 30 euros.

"Todo esto tiene un costo, por supuesto. Puede ser discutible, pero la ventana de debate está entre 30 y 35 euros si realmente queremos apuntar bajo. Reducir el gasto por debajo de 35 euros provocaría la implosión del sistema, dejando a miles de personas en manos de lo peor que nuestro país puede ofrecer", añadió.

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