Por David Shepardson
WASHINGTON, 8 de junio - El Senado de Estados Unidos aprobó el martes por 68 votos a favor y 32 en contra un amplio paquete legislativo destinado a impulsar la capacidad del país para competir con la tecnología china.
El deseo de una línea dura en las relaciones con China es uno de los pocos sentimientos bipartidistas en el profundamente dividido Congreso de Estados Unidos, que está estrechamente controlado por los compañeros demócratas del presidente Joe Biden.
La medida autoriza unos 190.000 millones de dólares para disposiciones destinadas a reforzar la tecnología y la investigación.
Así mismo, el paquete comprende por separado la inversión de 54.000 millones de dólares para aumentar la producción y la investigación de semiconductores y equipos de telecomunicaciones en EEUU, incluidos 2.000 millones dedicados a los chips utilizados por los fabricantes de automóviles, que han sufrido una escasez masiva en el suministro y han realizado importantes recortes de producción.
El Parlamento chino expresó su "fuerte indignación y decidida oposición" al proyecto de ley. Afirmó en un comunicado que el proyecto de ley estadounidense mostraba "el delirio paranoico de querer ser el único ganador", distorsionando el espíritu original de innovación y competencia.
El proyecto de ley estadounidense debe ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de ser enviado a la Casa Blanca para recibir la sanción oficial de Biden. No está claro cómo será la legislación una vez en la Cámara ni cuándo podría ponerse a trabajar en ella.
El proyecto de ley contiene otras disposiciones relacionadas con China, como la prohibición de descargar la aplicación de redes sociales TikTok en los dispositivos del Gobierno, y el bloqueo de la compra de drones fabricados y vendidos por empresas respaldadas por el Gobierno chino. También permitiría a los diplomáticos y a los militares taiwaneses exhibir su bandera y llevar sus uniformes mientras estén en Estados Unidos en misión oficial.
También crearía nuevas y amplias sanciones obligatorias para las entidades chinas que participen en ciberataques en Estados Unidos o en el robo de propiedad intelectual de empresas estadounidenses, y prevé una revisión de los controles de exportación de artículos que podrían utilizarse para apoyar abusos de los derechos humanos.