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La reforma global del impuesto corporativo afronta un camino difícil antes de concretarse

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Por Reuters
Global corporate tax overhaul faces rocky road to completion
Global corporate tax overhaul faces rocky road to completion   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2021

Por Leigh Thomas y Andrea Shalal

PARÍS, 6 jul – Un camino sembrado de riesgos políticos espera a los países que buscan sellar la iniciativa para elevar los impuestos corporativos globales, a pesar de que 130 naciones han acordado revisar la forma en que se grava a las multinacionales.

Casi todos los 139 países que participaron en conversaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París respaldaron la semana pasada la idea de crear nuevas reglas para gravar las ganancias de las empresas, con una tasa mínima del 15%.

Con la tinta aún fresca en el documento, políticos jubilosos en países con impuestos más altos declararon que lo que el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, denominó como “el acuerdo fiscal internacional más importante en un siglo” pondría fin a la competencia por recaudación fiscal entre los gobiernos.

Se espera que los ministros de Finanzas del G20 respalden el acuerdo en reuniones el viernes y sábado en Venecia, lo que da impulso a una iniciativa global que en junio llevó a los ministros del G7 a apoyar medidas contra los paraísos fiscales, incluidas las Islas Vírgenes Británicas.

Las nuevas reglas que surgen del pacto de la OCDE están programadas tentativamente para entrar en vigencia en 2023, pero para que eso suceda, los países deben elaborar los detalles restantes para octubre a fin de que los códigos tributarios puedan revisarse el próximo año, y algunos signatarios, incluidos India y Suiza, ya expresaron reservas.

Eso sugiere que la expectativa de una implementación en 2023 podría ser demasiado optimista, dado que muchos países tardaron años en ratificar una enmienda anterior de menor alcance a los tratados fiscales internacionales.

En la Unión Europea, el bloque comercial más grande del mundo en términos de riqueza del consumidor, el mejor vehículo para hacer cumplir las reglas sería mediante una legislación conjunta. Eso podría ocurrir durante el período de seis meses en la presidencia de Francia en el primer semestre de 2022.

Sin embargo, como todas las decisiones fiscales en la UE, esto requeriría el respaldo unánime de los estados miembros, y ninguno de los países con bajos impuestos como Estonia, Hungría e Irlanda apoyó el acuerdo de la OCDE.

“Habrá presión sobre los tres países restantes para que cambien de posición”, dijo una fuente cercana a las negociaciones fiscales.

APROBACIÓN EN EEUU

Pero existen otras posibles complicaciones.

La Comisión Europea tiene como objetivo presentar planes este mes para un impuesto a los servicios digitales, necesario para financiar el fondo de recuperación pospandémica de 750.000 millones de euros (890.000 millones de dólares) del bloque, pero la legislación podría impactar a Washington.

Como parte de un acuerdo más amplio, el Gobierno de Estados Unidos quiere que los países deroguen los impuestos nacionales existentes sobre los servicios digitales, ya que considera que afectan injustamente a las empresas de Silicon Valley.

Bruselas ha insistido en que el nuevo cargo es un gravamen de base amplia, no un impuesto, que cubriría principalmente a las empresas digitales europeas.

Mientras tanto, Washington busca promulgar los aumentos de impuestos propuestos por el presidente Joe Biden, incluida una tasa impositiva corporativa mínima del 15%, de nivel nacional.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, dijo que el hecho de que 130 países se hayan adherido debería desactivar los argumentos republicanos de que aumentar los impuestos corporativos podría dañar a Estados Unidos si las jurisdicciones de tributos bajos no siguieran su ejemplo.

Es probable que el Gobierno de Biden concrete sus planes fiscales utilizando una medida legislativa exclusiva de los demócratas. Pero no está claro si Washington necesitaría cambiar algún tratado fiscal bilateral, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado.

(1 dólar = 0,8424 euros)