Por Nathan Allen y Michael Gore
MADRID, 31 ene - Amnistía Internacional acusó el lunes a la Fiscalía española de no haber investigado adecuadamente los casos de muertes en residencias de ancianos relacionadas con el COVID-19.
Acompañado por dos mujeres que exigían respuestas tras la muerte de sus madres en residencias durante la devastadora primera ola de la pandemia, el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, dijo que en algunos casos las autoridades cerraron las investigaciones sin ponerse en contacto con el personal ni con las familias de las víctimas.
La Fiscalía del Estado español se negó a comentar el informe.
La ONG dijo en un informe que el 89% de las investigaciones abiertas por la Fiscalía española en enero pasado sobre más de 200 casos de presunta negligencia criminal en residencias de ancianos fueron abandonadas, sin ninguna consecuencia clara para los implicados.
"Hay un riesgo de impunidad absoluta", dijo Beltrán a los periodistas en Madrid.
"Se puede llegar a esa conclusión (de cerrar un caso) pero primero hay que investigar bien", dijo, pidiendo la reapertura de los casos y la formación de una comisión parlamentaria interpartidista.
Se sospecha que más de 35.000 ancianos residentes en residencias han muerto a causa del COVID-19, según datos del Gobierno español, la mayoría de ellos en los primeros meses de la pandemia.
Enriqueta López dijo que su anciana madre, que padecía la enfermedad de Parkinson, se ahogó en su propio vómito en una residencia de Barcelona en la que casi la mitad de los 91 residentes murieron tras la ola del coronavirus.
López dijo que un miembro del personal tuvo que atender a 23 residentes, incluida su madre, que debía mantenerse en posición inclinada en todo momento, pero que fue hallada tumbada.
Dijo que el personal de un centro de salud cercano, que tuvo acceso a la residencia, descubrió que otros residentes habían muerto por desnutrición o por infección de escaras.
Un fiscal del Estado abandonó la investigación sobre la residencia, por lo que López se dirigió a un fiscal regional que le dijo que continuara por la vía civil.
"No queremos la vía civil, queremos saber por qué murieron", dijo a Reuters. "Jamás volveremos a ser las personas que éramos".
Ángela Arreba se enfrentó a una batalla similar por la justicia para su madre, Julia, que murió en una residencia de ancianos de Madrid en abril después de que sus operarios se negaran a trasladarla a un hospital cuando dio positivo en el test de COVID-19.
"La Fiscalia no investiga. Su obligación es proteger a los ciudadanos y no lo están haciendo", dijo. "Quieren pasar página, quieren que nos olvidemos todos".