Por Philip Pullella
CIUDAD DEL VATICANO, 12 mar - El Vaticano protestó el sábado ante Nicaragua por la expulsión efectiva de su embajador en Managua, diciendo que la acción unilateral era injustificada e incomprensible.
El arzobispo Waldemar Sommertag, quien era embajador desde 2018, tuvo que abandonar repentinamente el país esta semana luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega retirara su aprobación diplomática al enviado, lo que en lenguaje diplomático se conoce como agrément.
Sommertag había criticado el alejamiento de la democracia del país centroamericano.
"(La Santa Sede) Convencida de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, profundamente cristiano", dijo el Vaticano en un comunicado.
Fue la última de una serie de acciones tomadas contra Sommertag por parte del Gobierno de Ortega.
En noviembre, Ortega despojó a Sommertag de su título y función como decano del cuerpo diplomático, en lo que los diplomáticos consideraron una represalia por los comentarios de los dirigentes de la Iglesia local que criticaban al Gobierno.
En muchos países de tradición católica, el cargo de decano lo ocupa automáticamente el enviado del Vaticano, conocido como nuncio, independientemente del tiempo que lleve en el país.
Sommertag, un polaco de 54 años, ha apoyado abiertamente a la Iglesia local en su posición de defensa de la democracia en el país.
Ortega, un exlíder guerrillero marxista de la era de la Guerra Fría que ha ocupado el cargo desde 2007, obtuvo un cuarto mandato consecutivo en noviembre después de encarcelar a sus competidoras políticos antes de unas elecciones que fueron ampliamente condenadas al no ser consideradas libres.
La conferencia de obispos católicos de Nicaragua emitió un comunicado antes de las elecciones que decía que el país carecía de "las condiciones básicas e indispensables para celebrar elecciones libres, justas y transparentes".
La arquidiócesis de Managua también había denunciado lo que calificó de violación sistemática de los derechos políticos y constitucionales, así como "amenazas a la Iglesia Católica (y) ofensas a sus sacerdotes y obispos".