Boluarte plantea adelantar dos años elecciones en Perú; muertos suben a siete por protestas

Perú declara persona no grata a embajador de México por asilo a familia de expresidente
Perú declara persona no grata a embajador de México por asilo a familia de expresidente Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
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Por Marco Aquino

LIMA, 12 dic - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó el lunes al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones generales, en medio de protestas que han dejado siete muertos tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo que llamó a su sucesora "usurpadora" del poder.

Boluarte, que ejercía la vicepresidencia del país, asumió el poder la semana pasada luego de que el Congreso destituyera al izquierdista Castillo, que intentó sorpresivamente disolver el parlamento dominado por la oposición.

"He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024", dijo Boluarte en un mensaje en la madrugada del lunes. Horas después la propuesta fue enviada al Congreso.

El número de muertos se elevó a siete en dos días de protestas, luego del fallecimientos en lunes de cinco personas, todas por "proyectiles de armas de fuego", dijo Eliana Revollar, jefa de la Defensoría del Pueblo, al canal de noticias Epicentro TV. Unos 32 civiles y 24 policías resultaron heridos, acotó.

La autoridad de salud dijo más temprano que entre las víctimas del lunes en la región andina de Apurimac figuraban un adolescente de 16 años y otro de 18 años; mientras que un adulto falleció en la sureña de Arequipa. El domingo se reportó la muerte de otros dos jóvenes durante choques con la policía.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de izquierda de México, Argentina, Colombia y Bolivia pidieron el respeto de los derechos humanos para Castillo, alegando que desde que fue elegido fue víctima de "un antidemocrático hostigamiento".

En una carta publicada por Twitter, el expresidente Castillo que se encuentra detenido en una prisión policial dijo que está pasando en el trance más difícil de su gobierno "maltratado y secuestrado" y calificó a Boluarte como "usurpadora".

Castillo pidió en la carta que se realice de forma inmediata una asamblea constituyente y exhortó no caer en el "juego sucio" del plan de Boluarte de adelantar las elecciones.

Esta inestabilidad está pasando factura y la calificadora S&P global rebajó el lunes su previsión para Perú a 'negativa', desde 'estable', por la inestabilidad para la solvencia del país que supone el recrudecimiento de la crisis política.

La agencia Fitch dijo por su parte que la nueva gestión en Perú "es políticamente frágil" y enfrenta los mismos desafíos de siempre. "No está claro si la nueva presidenta podrá reducir las tensiones con el Congreso y mejorar la gobernabilidad dada su falta de respaldo partidario en el Congreso", añadió.

HORAS DIFÍCILES

La presidenta Boluarte indicó que antes de realizarse las elecciones anticipadas, su gobierno promoverá en el Congreso una reforma del sistema político que permita tener un "gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a la práctica de corrupción y legitimado por la participación ciudadana".

"La patria está viviendo horas difíciles", manifestó.

Las protestas se recrudecían el lunes por el bloqueo por parte de una comunidad en el Cusco de una carretera clave que usa la mina de cobre Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd, dijo a Reuters una fuente cercana de la compañía. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

Más temprano, comunidades indígenas habían anunciado un paro indefinido en Apurímac, donde opera Las Bambas, que ha sufrido constantes protestas de comunidades que reclaman mayores beneficios por la explotación minera.

Castillo, un exmaestro y campesino, había obtenido un gran apoyo en las zonas rurales y mineras que lo llevaron al cargo en 2021. Sin embargo, su administración estuvo sumida en denuncias de corrupción y enfrentó hasta tres juicios de destitución.

Diversas protestas de cientos o miles de personas se realizan desde la semana pasada en algunas ciudades del interior del país y en Lima, en busca de evitar que Boluarte, de 60 años, cumpla el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026.

"Dina Boluarte no nos representa. Es una traidora. Es una incompetente", dijo Juan Calle, quien protestaba el fin de semana en Lima a favor de Castillo. "Ella debería estar en la cárcel porque ya hay muchos muertos en el país. Vamos a seguir hasta que salga nuestro presidente (Pedro Castillo)".

DOS AEROPUERTOS CERRADOS

En Apurímac las autoridades han ordenado el cierre del aeropuerto de la ciudad tras un ataque el fin de semana por parte de manifestantes, según la policía. Asimismo, tramos en la principal carretera de la costa peruana permanecían bloqueadas el lunes en las regiones sureñas de Ica y Arequipa.

La filial de la aerolínea Latam dijo en un comunicado que suspendió sus vuelos hacia y desde Arequipa, tras reportes del cierre del terminal aéreo tras la invasión de manifestantes de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo informó de dos heridos en un choque de manifestantes con la policía en el aeropuerto.

Para recuperar el orden, la presidenta declaró el "estado de emergencia" en las zonas de "alta conflictividad", una medida que da luz verde para que el Ejército pueda si es necesario asumir el control en las regiones en protesta.

"He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía", dijo Boluarte, que lamentó el fallecimiento de las personas en Apurímac.

Los manifestantes, muchos de ellos simpatizantes del exmandatario, demandan también el cierre del Congreso y la liberación de Castillo, quien cumple un arresto preliminar desde el miércoles tras el fallido intento de cerrar el parlamento.

En el Congreso se aprobó en la madrugada del lunes levantar la inmunidad que tiene Castillo, para que pueda ser investigado por la fiscalía, en medio del rechazo de parlamentarios de izquierda que pedían la liberación del expresidente.

Castillo es investigado por la fiscalía por el presunto delito de "rebelión y conspiración".

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