BRUSELAS, 7 dic - La Comisión Europea propondrá el miércoles una nueva medida de defensa comercial destinada a luchar contra los países no pertenecientes a la Unión Europea que ejerzan una presión indebida sobre alguno de los miembros del bloque, pero el plan ya se enfrenta al escepticismo de Bruselas.
Si entra en vigor hoy, la nueva medida podría desplegarse, por ejemplo, en forma de restricciones comerciales o de inversión sobre China por la presión que está ejerciendo sobre Lituania después de que permitiera a Taiwán abrir una embajada de facto en dicho país, según diplomáticos familiarizados con la propuesta.
China redujo las relaciones diplomáticas con Lituania y las autoridades de Vilnius dicen que Pekín también ha impuesto bloqueos sobre sus exportaciones y ha presionado a las empresas de terceros países para que no hagan negocios con el pequeño estado báltico.
"Si se necesitaba alguna prueba de que la UE necesita un instrumento eficaz para protegerse de la coacción económica de terceros países, la presión chantajista de China sobre Lituania la ha proporcionado ahora", dijo el legislador de los Verdes Reinhard Buetikofer.
China niega haber actuado mal.
Buetikofer, que también está sometido a sanciones chinas, dijo que para que la propuesta de la Comisión sea efectiva no debe permitir que un solo país de la UE bloquee la acción, señalando los estrechos lazos de Hungría con Pekín y el uso anterior de un veto.
La propuesta, que deberá ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por Consejo Europeo, ya ha despertado la preocupación de algunos Estados miembros.
"Podemos esperar intensos debates", dijo un diplomático de la UE.
Francia, que ostentará la presidencia rotatoria de la UE en el primer semestre de 2022, apoya la medida, pero Estados más partidarios del libre mercado, como Suecia y la República Checa, la consideran potencialmente proteccionista y susceptible de arrastrar a la UE a guerras comerciales.
Dicen que la coerción o coacción económica debe definirse muy claramente y que sólo deben tomarse medidas si se viola el derecho internacional y sólo si a la UE le interesa actuar.
Algunos Estados miembros de la UE afirman que tendrán que intervenir en cualquier despliegue de tales medidas, en lugar de dejar las decisiones en manos de la Comisión, el ejecutivo de la UE. En el caso de las sanciones utilizadas en política exterior, los Gobiernos tienen derecho de veto.
"Tenemos que estar muy atentos a la amplitud de la medida", dijo un diplomático de la UE.
Una vez que se convierta en ley, la propuesta se sumará a un arsenal de medidas de la UE que incluye el control de las inversiones extranjeras, la limitación de las empresas que se benefician de subvenciones extranjeras y restricciones a la contratación pública para las empresas de los países que no abren sus mercados.