LIMA, 16 sep – La constructora local Aenza firmó un acuerdo de colaboración con la fiscalía de Perú, en el cual reconoce delitos de corrupción de sus anteriores socios y aceptó el pago al Estado de 480 millones de soles (124 millones de dólares) de reparación civil.
El acuerdo permitirá a la justicia peruana obtener información para las investigaciones de seis casos penales, que involucran también al grupo brasileño Odebrecht en una trama de corrupción llamada Lava Jato, informó el jueves por la noche la Procuraduría General de Perú.
Aenza, controlada por el fondo de capital privado brasileño IG4, admitió que la antigua empresa Graña y Montero, dos subsidiarias y exejecutivos cometieron sobornos para ganar 16 proyectos de infraestructura, entre ellos un tramo del metro de Lima, varias obras viales y la construcción inconclusa de un gasoducto en el sur del país andino.
El acuerdo incluye una cláusula donde Aenza se compromete a no iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano; y desiste de su demanda ante el CIADI por el proyecto Gasoducto Sur Peruano por un monto equivalente a unos 250 millones de dólares, dijo la procuraduría local.
El pacto de colaboración será presentado al Poder Judicial en las próximas semanas para su aprobación final, agregó. La reparación al Estado peruano será pagado en 12 años, detalló.
Graña y Montero, ahora llamada Aenza, se había asociado con el conglomerado brasileño de construcción Odebrecht en proyectos de infraestructura en Perú y ha sido acusada de sobornar a funcionarios públicos, incluidos expresidentes.
La compañía peruana está siendo investigada por corrupción desde 2017. Odebrecht también cambió su nombre después del escándalo de corrupción y ahora se llama Novonor.
(1 dólar = 3,885 soles)
