Un nuevo informe de Human Rights Watch denuncia que los defensores del Amazonas en Brasil se enfrentan a amenazas y ataques violentos por parte de grupos criminales involucrados en la tala ilegal.
PUBLICIDADGilson Temponi, presidente de una asociación de agricultores, denunció la tala ilegal de la que fue testigo a las autoridades brasileñas en 2018. Pocos meses después, murió a tiros en la puerta de su casa. La activista Dilma Ferreira Silva fue asesinada en 2019 por órdenes, según la policía, de un ganadero involucrado en la deforestación ilegal que temía que le denunciara. Osvalinda y Daniel Pereira, un matrimonio de campesinos, fueron hallados enterrados en su patio trasero. Llevaban más de una década denunciando la extracción ilegal de madera.
Estas muertes ocurrieron en Pará, uno de los estados brasileños de la región amazónica. Pero no es un caso aislado. En Maranhão, Eusebio Ka'apor, líder de un pueblo indígena que ayudó a organizar patrullas para evitar la entrada de taladores furtivos a sus tierras, también fue asesinado en 2015.
Un nuevo informe de Human Rights Watch denuncia que los defensores del Amazonas en Brasil se enfrentan a amenazas y ataques violentos por parte de grupos criminales involucrados en la tala ilegal y que el Gobierno brasileño fracasa en protegerles.
"La situación no hace más que empeorar con el presidente Bolsonaro, cuyo ataque a los organismos de protección del medio ambiente pone en peligro las selvas y a las personas que viven en ellas", dijo Daniel Wilkinson, director de derechos humanos y medio ambiente de HRW, con motivo de la presentación del informe de 169 páginas titulado "Las mafias de Ipê: cómo la violencia y la impunidad impulsan la deforestación en la Amazonía brasileña".
La organización dice haber constatado que los grupos criminales, además de contar con la capacidad logística para coordinar la extracción, procesamiento y venta de madera a gran escala, emplean hombres armados para intimidar y, en algunos casos ejecutar, a aquellos que buscan defender la selva amazónica.
Según datos recopilados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), utilizados por la Fiscalía General de Brasil, más de 300 personas han sido asesinadas en la última década en el contexto de conflictos por el uso de la tierra y los recursos naturales en la Amazonía, en particular por denunciar actividades de tala ilegal.
HRW ha examinado un total de 28 asesinatos, 4 intentos de asesinato y más de 40 amenazas de muerte -la mayoría a partir de 2015- en los que dice haber probado que las víctimas fueron vistas como "obstáculos" para actividades de deforestación. "La mayoría indígenas u otros residentes que denunciaban la tala ilegal a las autoridades", señala.
"Mientras Brasil no tome medidas urgentes contra la violencia y la ilegalidad que facilitan la tala ilegal, la destrucción de la selva tropical más grande del mundo continuará", dijo Wilkinson.
La deforestación alimenta el fuego
Los incendios en el Amazonas aumentaron este año un 82% en comparación con el mismo período de 2018, según un informe del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE). La superficie quemada solo en agosto fue de 29.944 km², el equivalente de 4,2 millones de campos de fútbol.
Los científicos apuntan a que detrás de este aumento en los incendios puede estar la deforestación.
El experto en imágenes por satélite Pierre Markuse ha publicado unas imágenes de agosto de 2019, en las que se puede ver hasta dónde ha llegado la deforestación en el estado amazónico de Rondonia.
"Las parcelas recientemente quemadas fueron deforestadas y quemadas para ser usadas como campo agrícola o abandonadas debido a la bajada de rendimiento", explica en un tuit.
"Se pueden ver más y más tierras deforestadas convertidas en campos agrícolas con quemas de vez en cuando. Cada una de esas quemas también conlleva el riesgo de convertirse en un incendio forestal incontrolado", señala.