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Hungría: claves de las nuevas leyes anti inmigración

El ejército húngaro está listo para garantizar la aplicación de las nuevas leyes húngaras para fortificar la frontera con Serbia. Los militares

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Hungría: claves de las nuevas leyes anti inmigración

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El ejército húngaro está listo para garantizar la aplicación de las nuevas leyes húngaras para fortificar la frontera con Serbia.
Los militares participarán en las tareas de registro de los refugiados y en la protección de la barrera, para lo que llevarán equipamiento antidisturbios y armas de fuego.

La nueva normativa, que entra en vigor este martes 15 de septiembre, castiga con penas de hasta tres años de cárcel la entrada ilegal en Hungría, además de imponer multas por escalar o dañar la barrera y castigos más severos a los traficantes.

Siempre según las nuevas normas, los solicitantes de asilo tendrán que registrar su petición antes de entrar en Hungría, lo que quiere decir que harán cola en Serbia durante el trámite.

El problema es que muchos podrían ser devueltos a Serbia o no llegar a salir de allí: Hungría considera que Serbia es un país seguro, y podría no dar el estatuto de refugiados a aquellos solicitantes cuya vida no corre peligro. El procedimiento dura diez días con posibilidad de recurrir la decisión.

Zoltán Kovács. Portavoz del Gobierno húngaro:
“Lo primero y más importante es una cuestión fundamental: la Unión Europea debe ser capaz de gestionar sus propias fronteras, debería poder evitar que la gente entre a través de las fronteras naturales, para encauzar a los inmigrantes a estaciones fronterizas oficiales donde puedan presentar sus solicitudes de asilo”.

Las nuevas leyes han modificado también el código penal. Por ejemplo, desde su entrada en vigor no habrá intérprete ni traductor en el proceso, y no se seguirá un procedimiento especial con los menores.

Aunque muchos puntos del nuevo texto son confusos, el Comité Helsinki para los derechos humanos en Hungría se ha mostrado muy crítico:

Marta Pardavi. Copresidenta del Comité Helsinki:
“Desde un punto de vista jurídico, estas reglas improvisadas conllevan tantos riesgos de violación de los derechos humanos que seguramente no pasarán la prueba en los foros de derechos humanos”.

El Gobierno puede aplicar también leyes especiales durante la “situación de emergencia derivada de una inmigración masiva”, como disponer de propiedades municipales o estatales para hacer frente a la crisis.