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Privación de las libertades públicas, miles de franceses salen a las calles para decir no

Manifestaciones en Francia contra la prolongación del estado de emergencia en vigor desde el 13 de noviembre en respuesta a los ataques terroristas

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Privación de las libertades públicas, miles de franceses salen a las calles para decir no

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Manifestaciones en Francia contra la prolongación del estado de emergencia en vigor desde el 13 de noviembre en respuesta a los ataques terroristas de París.

Punto de vista

"Prolongar el estado de emergencia supone crear una nueva cultura en la que la gente se acostumbrará a otro tipo de relaciones sociales"

Numerosos sindicatos, colectivos y organizaciones de izquierdas se oponen a la normalización de las medidas de excepción así como al proyecto de ley de retirar la nacionalidad a los binacionales condenados por terrorismo, medida que ha propiciado la salida de la exministra de Justicia, Christiane Taubira, considerada el último gran símbolo de la izquierda del Gobierno del primer ministro, Manuel Valls. Antes lo hicieron Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, Benoît Hamon, Cécile Duflot y Delphine Batho.

El Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos (MRAP), toda una institución en Francia desde 1949, forma parte del grupo de asociaciones que han firmado un comunicado unitario bajo el eslogan “no cederemos”:

“Ya utilizaron el estado de emergencia durante la COP21 para impedir el acceso a los manifestantes que no tienen nada que ver con el terrorismo, extenderlo no lo evitará”, asegura una manifestante.

La Liga de derechos Humanos de Francia (LDH) que apeló contra la decisión del Consejo de Estado de prolongar el estado de emergencia publica, en su cuenta de twitter, un mapa con las ciudades que han secundado la protesta:

Aumenta la resistencia de una parte de la izquierda francesa al proyecto de constitucionalizar las medidas de excepción, considerado como un peligro para la propia democracia ya que difumina la separación de poderes.

“La amenaza terrorista no justifica el estado de emergencia, al contrario, la respuesta a los terroristas es, justamente, la defensa de nuestra democracia”, asegura el europarlamentario Jean-Luc Mélonchon y miembro del Partido de Izquierdas (su cuenta oficial de twitter es llevada por un colaborador, Jean-Luc Mélonchon no tuitea personalmente)

Seguridad versus libertades públicas

Las nuevas normas que preservan la seguridad en detrimento de las libertades públicas se encadenan en Francia. Para introducirlas en su cuerpo jurídico, Francia tuvo que pedir una derogación de ciertos derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos del Hombre. Con toda discreción, el pasado 24 de noviembre, el Gobierno francés envió un comunicado al Secretario General del Consejo de Europa en el que pedía esta derogación.

Constitucionalizar el estado de emergencia en época de crisis

La presidencia de Hollande pierde poco a poco a sus miembros de clara orientación de izquierdas, pero ¿conseguirá la mayoría parlamentaria de 2/3 para reformar la Constitución? Hollande ganará sin duda el apoyo en las filas de Los Republicanos.

“Reformar la Constitución durante un periodo de estado de emergencia no es oportuno”, según Olivier Beaud, coautor del análisis realizado por la La Liga de Derechos Humanos Francesa sobre la constitucionalización del estado de emergencia.

Si esa reforma es adoptada las siguientes disposiciones solo podrán ser modificadas en un futuro por la vía de otra reforma constitucional, confiriendo más poderes al ejecutivo:

Determinar qué autoridad está habilitada para declarar el estado de emergencia

El campo de aplicación territorial del estado de emergencia

Las circunstancias que justifican la declaración del estado de emergencia

Las modalidades de prórroga del estado de emergencia más allá de los 12 días actuales

La LDH puntualiza que el poder otorgado al ejecutivo conlleva consecuencias durante los 12 días previos al control del Parlamento que debe pronunciarse sobre si las cincunstancias evocadas están justificadas o no.

El campo de aplicación no estará, según la Liga de Derechos del Humanos, sujeto a ningún criterio objetivo que establezca una correlación entre las circunstancias evocadas y su justificación. Además, la definición de las circunstancias para declarar el estado de emergencia “queda abierta a todo tipo de interpretaciones”.

El papel del juez administrativo queda relegado a un segundo plano. El análisis de la Liga de Derechos Humanos pone como ejemplo, el estado de emergencia decretado tras los motines en varios barrios periféricos de París en noviembre de 2005. Entonces, se extendió el estado de emergencia a la casi totalidad de las grandes ciudades francesas sin que los jueces administrativos pudieran controlar el desproporción que supuso la extensión de las medidas de urgencia a todo el territorio.

El Código Penal no se salva

El gobierno quiere inscribir en el Código Penal procedimientos del estado de urgencia para convertirlos en permanentes. El proyecto de ley elaborado por el gobierno pretende reforzar la lucha contra el crimen organizado y su financiación, así como dar una mayor eficacia y garantías a los procedimientos penales. La exministra de Justicia, Taubira, se plegó a este proyecto de ley lo que le ha valido las críticas de parte del Sindicato de la Magistratura.

¿Qué derechos perdemos con el régimen del estado de emergencia?

Charlotte Girard, investigadora del Centro de estudios sobre los derechos fundamentales (Credof) explicaba en un artículo publicado en el blog de Jean-Luc Mélonchon que prolongar el estado de emergencia supone crear una nueva cultura en la que la gente se acostumbrará a otro tipo de relaciones sociales. La supuesta amenaza terrorista invierte la jerarquía de las normas que rigen una sociedad democrática. “El verdadero cambio reside en la normalización de ese estado de emergecia que de excepcional se convierte en duradero”, algo “realmente peligroso”, dice.

El estado de emergencia autoriza medidas coercitivas en circunstancias y en condiciones que el derecho común no permite:

Registros: la policía puede registrar cualquier lugar a cualquier hora sin el consentimiento del ocupante y sin tener que justificar el mínimo elemento que presuponga el haber cometido una infracción. Los registros son conducidos bajo la autoridad del prefecto que debe asegurar la presencia de un oficial de la policía judicial cuya misión se ciñe a permitir la evolución del caso en un plano judicial posterior. Los prefectos asumen así mayores poderes que en una situación normal que serían competencia del juez.

Acceso a datos informáticos: el nuevo régimen de registros des sistemas informáticos permite acceder a todo sistema accesible desde la red informática presente en el lugar del registro, incluido el sistema informático profesional de la persona en cuestión. Los datos pueden ser copiados y los soportes de almacenamiento confiscados. El agente de la policía judicial debe, en todo caso, tener conocimiento de todos los datos y documentos antes de que sean confiscados para proteger el derecho profesional y los derechos de la defensa. En el caso de un registro, la ley prevee ciertas excepciones al eximir de toda declaración a abogados, periodistas, médicos, notarios y ujieres.

Bloqueo administrativo de páginas de internet: la ley sobre el estado de emergencia permite bloquear las páginas de internet sin necesidad de noticación alguna a los proveedores en un plazo de 24 horas.

Prohibición de estancia y circulación: en el marco de la ley del estado de emergencia se suprimen las condiciones impuestas por el derecho común para limitar la libertad de movimiento de una persona. El prefecto puede prohibir la estancia a toda persona que obstaculice la acción de los poderes públicos.

Arresto domiciliario: puede ser pronunciado “contra toda persona respecto a la cual existan razones serias de pensar que su comportamiento constituye una amenaza para la seguridad y el orden público.” Medidas sometidas al control del juez administrativo.

La COP21 de París fue motivo para aplicar esta medida. La LDH señaló varios abusos confirmados por órdenes de los tribunales administrativos. En varios casos, se adujeron motivos desprovistos de cualquier lazo con las causas que provocaron la declaración del estado de emergencia. Por ejemplo, realizar una búsqueda en Google sobre enfermedades ligadas al contacto con productos químicos o la simple expresión de querer visitar París para asistir a los eventos de la COP21.

Prohibición de reunión: el artículo 8 de la ley ofrece la posibilidad a la autoridad policial de imponer prohibiciones generales partiendo del postulado de que el ejercicio de la reunión es de índole a “provocar el orden público”. Fórmula que, según la LDH exenta a las autoridades policiales de demostrar el peligro inminente que representa la reunión.

Dos tipos de franceses, uno que sería un poco menos que el otro

La decisión de Hollande de retirar la nacionalidad a los ciudadanos con doble nacionalidad francesa y extranjera que sean condenados por delitos de terrorismo ha sido muy criticada desde la izquierda por quienes censuran su plegamiento a los postulados del ultraderechista Frente Nacional (FN). La medida sobre los binacionales ha sido la gota que ha colmado la paciencia de la exministra de Justicia. Christiane Taubira dimitió esta semana tras meses de tensiones en el seno del Gobierno.

La Liga de Derechos del Humanos y numerosas asociaciones han anunciado una batalla jurídica en caso de que la medida sea aprobada. Para ellas, inscribir la retirada de la nacionalidad a los binacionales condenados por terrorismo atenta el principio de igualdad de los ciudadanos inscrito en el artículo 2 de la Constitución. Sería como reconocer que existen dos tipos de categorías de franceses, aquellos que lo serían un poco menos por el hecho de que sus padres o abuelos no eran franceses. Esta reforma pone en tela de juicio el principio mismo de la nacionalidad francesa anclada en el derecho de suelo.