Entre la amenaza terrorista, la Eurocopa 2016 y las protestas sociales, la tensión es palpable en Francia pese a la omnipresencia de las fuerzas de seguridad.
PUBLICIDADEntre la amenaza terrorista, la Eurocopa 2016 y las protestas sociales, la tensión es palpable en Francia pese a la omnipresencia de las fuerzas de seguridad. Sólo en París hay más de 20. 000 efectivos, entre soldados, policías y agentes de seguridad. La manifestación prevista contra la reforma de la ley del trabajo llega por tanto en un momento complicado.
El escenario más temido es que la protesta degenere, como ha sucedido en varias ocasiones recientemente.
Inicialmente, los sindicatos querían que la manifestación tuviese un recorrido preciso, concretamente desde la Bastilla hasta la plaza de la Nación. La prefectura propuso en cambio una manifestación estática. Pero los dos días de negociaciones no concluyeron con un acuerdo.
El prefecto decidió entonces prohibirla, una decisión inédita en una manifestación convocada por los sindicatos, de hecho inédita desde 1962, desde la tristemente célebre Jornada por la Paz en Argelia.
¿Pero, qué dice la ley? La ibertad de manifestarse no está inscrita en la Constitución, pero sí en la declaración universal de los derechos humanos.
El artículo 431-1 del código penal apoya ese derecho pero precisa que “toda persona que entorpezca de una manera concertada apoyandose en amenazas el ejercicio de la libertad de expresión, del trabajo, de asociación, de reunión o de manifestación” será castigada por la ley.
Además, un decreto de 1935 establece las reglas para organizar una manifestación: en primer lugar hay que presentar una solicitud al Ayuntamiento de 3 a 15 días antes estipulando el motivo, el trayecto, la fecha y los nombres de los organizadores.
Ese mismo decreto precisa que si las autoridades consideran que existe una amenaza al orden público, se puede prohibir la manifestación. En ese caso, los convocantes pueden recurrir al tribunal administrativo que evalúa la legalidad de la prohibición. La decisión final corresponde al Consejo de Estado. En caso de que no se respete la prohibición, los organizadores podrían ser condenados a un año de cárcel, y 7.500 euros de multa. Además de 11 euros por participante.
Pero aunque no fuese ilegal, la prohibición de una manifestación y además decidida por un Gobierno socialista, habría tenido consecuencias: ponerse en contra del principal sindicato del país tiene riesgos políticos innegables.