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Benjamín Netanyahu, interrogado por la policía.


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Benjamín Netanyahu, interrogado por la policía.

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Después de varios meses de investigación, agentes de la brigada anticorrupción interrogaron el lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahú, en su domicilio, en relación con el llamado caso 1000, en el que también estarían implicados varios miembros de su familia.

El mandatario israelí debía responder a las sospechas de haber recibido valiosos regalos y beneficios de empresarios que han aparecido en dos investigaciones sobre casos de soborno y fraude. La Fiscalía decidirá ahora si abre una investigación criminal, en la que podrían imputar al primer ministro, entre otros, los delitos de fraude y ruptura de la confianza.

Los ministros del Likud, la formación de Netanyahu, han reaccionado denunciando “una persecución alentada por los medios para acabar con el Ejecutivo de la derecha”. Poco antes, el jefe del Gobierno se dirigió directamente a sus detractores:

“Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: no va a pasar nada puesto que las alegaciones no tienen fundamento. Seguiréis haciendo acusaciones salvajes, y yo seguiré gobernando el Estado de Israel”.

Pese a su aparente tranquilidad, otros asuntos podrían hipotecar su futuro político y personal, como el llamado “Caso 2000” aún bajo investigación preliminar y que, según algunas fuentes, incluye el delito de soborno.

Ninguno de los dos casos tiene relación con las sospechas en torno a la mediación de su abogado y allegado David Shimron en la multimillonaria compra de tres submarinos a Alemania.

Pero el primer ministro no es el único de la familia con cuitas judiciales: el pasado mayo, una investigación policial recomendó acusar a su esposa por mal uso de fondos estatales e inflar su gasto doméstico.

La investigación contra Netanyahu puede acabar si no hay pruebas sólidas o derivar en un juicio con condena incluida como sucedió con su antecesor Ehud Olmert, que cumple una condena de 18 meses de cárcel por soborno y obstrucción a la justicia cuando estaba al frente de la alcaldía de Jerusalén.

Las sospechas de corrupción planearon también sobre el ex primer ministro Ariel Sharon, interrogado durante su mandato, aunque la justicia optó finalmente por cerrar el caso.

Quien sí fue a juicio, en cambio, fue su hijo, Omri Sharon, condenado a nueve meses de cárcel el pasado febrero por financiación ilegal del Likud.

La vida política sraelí ha terminado en muchas ocasiones en las páginas de sucesos. Varios ministros de diversos gobiernos han sido condenados por corrupción; es el caso del actual ministro del Interior, Arye Deri, condenado a tres años de cárcel en 1999; de Avraham Hirshson, extitular de la cartera de Finanzas, encarcelado cinco años en 2009, y de Shlomo Benizri, ex ministro de Trabajo que pasó 4 años entre rejas.

La legislación israelí prevé que todo miembro del gobierno contra el que pesa una acusación de corrupción tiene que dimitir. Los correligionarios de Netanyahu y sus allegados denuncian una campaña para acabar con el líder de la derecha y han lanzado una campaña en la que piden a los detractores del primer ministro “que intenten cambiarlo en las urnas como se hace en una democracia”.

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