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Sheriff o enterrador, ¿cuál es el papel del ministro de Justicia en Polonia?


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Sheriff o enterrador, ¿cuál es el papel del ministro de Justicia en Polonia?

“El Tribunal Supremo necesita ser reformado porque esta siendo controlado por izquierdistas y fuerzas extranjeras” – Jaroslaw Kaczynski, lider del partido Ley y Justicia

Después de que el derechista Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en Polaco), que actualmente gobierna en Polonia, presentara un borrador de ley mediante el que todos los jueces del Tribunal Supremo serían reemplazados menos aquellos designados por el ministro de Justicia, los críticos de la formación la acusaron de atacar la separación de poderes constitucional. La respuesta del partido fue que formaba parte de un proceso a largo plazo de reforma del poder judicial, considerado por muchos como ineficaz y desmoralizante.

La desconfianza mutua ha marcado las relaciones entre el poder judicial y el PiS desde la fundación del partido en 2001. El propio nombre, Ley y justicia, refleja un deseo de tomar la iniciativa en este espacio. Su líder, Jaroslaw Kaczynski, de 68 años y su hombre de confianza, el ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, ambos abogados, han estado mucho tiempo pidiendo, por ejemplo, la expulsión de los magistrados que trabajaron con el régimen comunista y la mejora del funcionamiento de los tribunales.

“Todo lo que hemos hecho hasta ahora estaba incluido en nuestro programa de las elecciones de 2015”, asegura el diputado Andrzej Matusiewicz, redactor del polémico proyecto.

Desde que logró el poder en octubre de 2015, el PiS ha introducido nuevas leyes que afectan a la Fiscalía, ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal y la pasada semana aprobó nuevas leyes en los juzgados comunes y en el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano encargado del nombramiento de los jueces. Estas últimas fueron aprobadas con celeridad por la Cámara Alta del Parlamento y están a la espera de la rúbrica del presidente.

El Tribunal Supremo debe ser reformado porque, según Kaczynski, “está siendo controlado por izquierdistas y fuerzas extranjeras”. “En este proyecto de ley, nos inspiramos en nuestras tradiciones legales, incluidas aquellas que están entre los años 1928 y 1939, cuando hubo procesos similares en el Tribunal”, añade Matusiewicz, quien insiste en que la elección de nuevos jueces es la misma solución decidida por Alemania. Sin embargo, la asociación de jueces polacos IUSTITITA ha alegado que todas las regiones germanas tienen sistemas diferentes a este respecto.

El sheriff

El propósito que une todos los cambios hechos esta ahora es empoderar al Parlamento, en el que el PiS tiene una sólida mayoría, y al ministro de Justicia. Este último actúa como fiscal general, designa a los responsables de los juzgados comunes y tendrá la autoridad para decidir qué jueces del Tribunal Supremo pueden permanecer en el cargo. Ziobro, de 46 años y conocido como “el sheriff” por quienes le apoyan, obtendrá un poder que no ha tenido ningún ministro desde 1989.

“Su papel ya ha sido significativo”, admite Matusiewicz, “sin embargo son jueces que solo pueden decidir sobre sobre su independencia judicial. Creo que los cambios propuestos les liberarán de cualquier tipo de presión, de la que venga de su entorno o, particularmente, de políticos”. Los acontecimientos actuales son la continuación del último cambio significativo llevado a cabo a finales de 2015, cuando el PiS impulsó una serie de proyectos de ley que reducían el poder del Tribunal Constitucional, la más alta instancia del país.

‘Sellar el ataúd’

“Así es como comienza la desarticulación del Estado de derecho” asegura Jerzy Stępień, antiguo presidente del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2008, “después, pasa por diferentes fases, incluida la liquidación de la función pública independiente o el control de los medios de comunicación, pero ahora, si el proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo es aprobado, el ataúd del estado de derecho quedará completamente sellado.”

Según Stępień, las reformas darán paso a jueces listos para “obedecer” al ministro que serán degradados a “funcionarios políticos”. Además subraya que el Tribunal Supremo es responsable de evaluar la validez de las elecciones: “El señor Ziobro terminó sus estudios aprobando de milagro su examen en la Fiscalía, y debido al pobre resultado se le dijo que no podría soñar con trabajar allí. La paradoja es que ahora es el jefe de todos los fiscales”.

Sin embargo, el PiS sabe que cuenta con una última baza, que es la confianza tradicionalmente baja de los polacos en las instituciones públicas, incluidos los tribunales. En un estudio de 2016, el 60% de los entrevistados aseguraba que estos se preocupan principalmente de sus problemas y el 57% creía que eran corruptos. “No espero que la gente defienda a los tribunales”, comenta Stępień, “pero si espero que se despierten para frenar la agonía de la democracia polaca.”

¿Vuelta al comunismo?

“Los tribunales polacos necesitan una reforma, pero también es cierto que en los últimos dos años hemos sufrido ataques constantes desde los medios de comunicación progubernamentales. La reforma del PiS no está dirigida a que el poder judicial sirva a la gente sino a un partido, como ocurría durante el comunismo”, explica Borys Budka, diputado de la formación de centro-derecha Plataforma Cívica, principal partido de la oposición y exministro de Justicia.

Badka también ha confirmado que tras la reciente crisis, la oposición, que hasta el momento ha permanecido unida, hará una declaración conjunta contra el Gobierno y se planteará la creación de listas comunes para los próximos comicios.

Para satisfacción de Stępień, el domingo miles de personas (4.500 según la policia y 10.000 según el Ayuntamiento) tomaron las calles de Varsovia y otras ciudades para protestar contra las reformas en el poder judicial. Las instituciones internacionales también han mostrado su preocupación por los movimientos del PiS. Ayer los líderes de cinco partidos del Eurogrupo advirtieron en un escrito común que estas nuevas leyes “no son compatibles con los tratados de la Unión Europea”, instando a la Comisión a que “señalara claramente las consecuencias de su adopción”.

“Hemos sido elegidos democráticamente y tenemos todo el derecho a continuar con nuestra cura del poder judicial”, comenta Matusiewicz. En cuanto a las protestas, asegura que los manifestantes “irritan” y “llaman a la desobediencia contra el Gobierno” y acusa a la oposición de atacar “de forma agresiva todas y cada una de las iniciativas que proponemos”.

Los medios estatales controlados por el Gobierno exponen argumentos similares. La TVP, el principal canal de noticias, aseguró que manifestación iba dirigida a organizar un “golpe de Estado” para derrocar al Ejecutivo, mientras que tildó a la gente de “militantes”.

‘Luchad sin armas’

Una de esas llamadas “militantes” era Wanda Traczyk–Stawska, una mujer de 90 años que formó parte del Alzamiento de Varsovia en 1944 contra los nazis quien se dirigió a la multitud en la protestas contra el Gobierno diciendo: “Os pedimos que seáis sensatos y amables. No hay odio ni venganza, y una acción que es inteligente y que debe hacer a toda la nación sentirse digna. Luchad, pero sin armas.”

Su mensaje no tuvo ningún efecto en el Gobierno. “Estamos decididos a aprobar estos cambios”, admitió Matusiewick, “más tarde tendremos que trabajar los procedimientos criminales y civiles, entre otras cosas. Esto es solo el principio”.

Por Dariusz Kalan