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España incumple todas las medidas contra corrupción del Consejo de Europa

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España incumple todas las medidas contra corrupción del Consejo de Europa

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REUTERS/Susana Vera
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En diciembre de 2013, España aceptó adoptar medidas contra la corrupción en relación con las recomendaciones del Grupo de Estados contra Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. 

Cuatro años más tarde, los relatores encargados de velar por el cumplimiento del procedimiento, dicen que el país no ha completado satisfactoriamente ninguno de los 11 objetivos de "Prevención de la corrupción en relación a los miembros del parlamento, jueces y fiscales".

¿Qué significa el incumplimiento de estos requisitos?

Manuel Villoria Mendieta, de Transparencia Internacional en España, dijo a euronews que el informe "es hasta benévolo con lo de los cumplimientos parciales, porque la mayoría de esos cumplimientos no dejan de ser proyectos que no se sabe si se llevarán a efecto o no".

Sobre la gravedad del no cumplimiento de las recomendaciones, Villoria explica que es relativo, "porque en torno a estos asuntos hay bastante burocracia muchas veces y poca efectividad, se aprueba el código de conducta y luego nadie lo lee, se aprueban declaraciones de bienes y luego nadie lo analiza en detalle y hace seguimiento".

"En todo caso -argumenta- aunque no afecta a las áreas de riesgo esenciales en España (que no están en el Parlamento ni en el Poder judicial), sí muestra la lentitud de los cambios y su carácter incremental y poco holístico".

"Así tardaremos siglos en tener un sistema bien ordenado de lucha contra la corrupción", concluye.

¿Cuáles son estas recomendaciones y por qué no las ha cumplido?

Elaboración y adopción de un código de conducta para los miembros de las cámaras del Parlamento, disponible al público, que trate temas como la prevención de conflictos de interés, regalos y otras ventajas.

Las autoridades españolas reconocen que aún no se ha elaborado un código de conducta para los miembros del parlamento, pero afirman haber hecho avances al respecto. En particular, con la divulgación de algunos de estas informaciones en las páginas web del Congreso de los Diputados y el Senado.

Introducción de normas concretas sobre cómo los miembros del parlamento se comprometen con grupos de presión y otras terceras partes que buscan influenciar el proceso legislativo.

España ha prometido crear un registro público en el que se inscriban con carácter obligatorio los representantes de los grupos de presión que se reúnan con miembros del Congreso de los Diputados y personas asignadas a funciones parlamentarias. No obstante, el GRECO dice que todavía falta analizar la conducta de los parlamentarios con respecto a los lobbies.

Revisar los actuales requisitos de información sobre los miembros de ambas cámaras del parlamento para aumentar las categorías y el nivel de detalle que se debe dar a conocer. 

El GRECO reconoce las medidas adoptadas por el parlamento para aumentar sustancialmente la transparencia de sus actividades en su portal web, incluida la información sobre viajes patrocinados. Sin embargo, consideró que era necesario adoptar medidas adicionales para mejorar el sistema de declaración financiera existente.

Prevención de la corrupción en relación con los jueces.

Las autoridades españolas han justificado el retraso en la implantación de estas recomendaciones por el bloqueo político que vivió el país tras las elecciones generales no concluyentes de diciembre 2015 y junio 2016.

Evaluación del marco legislativo del Consejo General de la Judicatura (CGPJ) y de la independencia real y percibida de este órgano con miras a corregir las deficiencias detectadas.

El GRECO reitera su opinión de que las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del cambio judicial. 

Establecer por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura.

El GRECO señala positivamente que se está debatiendo la posibilidad de nombrar presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia con miras a garantizar la independencia de dichos nombramientos. Pero dice que hace falta un acción más determinada en este ámbito.

Adopción de un código de conducta para los jueces que sea de fácil acceso al público y que se complemente con servicios de asesoramiento especializados sobre conflictos de intereses y otras cuestiones relacionadas con la integridad.

El GRECO tomó nota de la elaboración en curso de un código de conducta para los jueces y evaluó que esta recomendación se había aplicado parcialmente.

Ampliación del plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios.

Por ahora, los relatores del GRECO no han visto ningún avance en este ámbito.

Reconsiderar el método de selección y la duración del mandato del Fiscal General; establecer requisitos y procedimientos claros en la legislación para aumentar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno y estudiar nuevas formas de establecer una mayor autonomía en la gestión de este cuerpo.

El GRECO reconoció que se había tenido debidamente en cuenta el primer componente de la recomendación, pero instó a las autoridades a que hicieran mejoras más sustanciales para dotar a la fiscalía de una mayor autonomía, en particular con respecto a la transparencia de la comunicación con el Gobierno, y a una mayor autonomía financiera. 

Adopción de un código de conducta para los fiscales que sea de fácil acceso al público y que se complemente con una orientación específica sobre los conflictos de intereses y otras cuestiones relacionadas con la integridad.

Las autoridades españolas afirman que la redacción del código de conducta para los fiscales se está llevando a cabo.

Elaboración de un marco reglamentario específico para las cuestiones disciplinarias en la fiscalía, dotado de garantías adecuadas de equidad y eficacia y sometido a un examen independiente e imparcial. 

El GRECO tomó nota de las medidas en curso para reforzar el sistema disciplinario de la Fiscalía. Sin embargo, a la espera de que se adopten las normas previstas, no da por cumplido este requisito.

España tiene ahora hasta el 31 de Julio para alcanzar estos requisitos.

Aquí puedes consultar todo el informe.