El Gobierno español alerta de un posible caso de malversación por la querella
PUBLICIDADEl presidente del legislativo regional, Roger Torrent, quiere que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena responda ante la Justicia por un supuesto caso de prevaricación, por denegar el permiso a Jordi Sànchez, en dos ocasiones, para acudir al pleno de investidura. Llarena considera que Sànchez, en prisión provisional desde mediados de octubre acusado de rebelión, podría reiterar los delitos que se le imputan en el proceso secesionista de Cataluña.
El Gobierno español ha alertado a la Mesa del Parlament de un posible caso de malversación además de "otros delitos" por la querella a Llarena, aprobada pese a las "dudas jurídicas" de los letrados de la cámara regional sobre su viabilidad.