La ONU pide que se persiga y juzgue a los responsables de las Fuerzas Armadas birmanas por 'genocidio internacional' contra los rohinyás. También critica por pasividad a Aung San Suu Kyi.
PUBLICIDADEl jefe del Ejército birmano debe ser juzgado por genocidio por los crímenes cometidos en el estado de Rakáin contra la minoría musulmana de los rohinyá. Esta es la principal conclusión del informe hecho público por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas para la antigua Birmania.
"Los patrones de graves violaciones de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario encontradas se corresponden con los crímenes más graves del derecho internacional. Estos han sido cometidos principalmente por los militares, los tatmadaw. La Misión ha concluido que la investigación y la acción penal tienen que centrarse en los principales generales del ejército en relación con tres categorías de delitos del derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra ", ha explicado uno de los miembros de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas en la antigua Birmania, Christopher Sidoti.
Los expertos, que han detectado crímenes de guerra y contra la humanidad en Rakáin y además en los estados de Kachin y Shan, también objeto de estudio, han elaborado una lista de presuntos autores de las atrocidades cometidas contra los rohinyá.
Entre los presuntos responsables de estos crímenes, los investigadores señalan al jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlaing, y a otros cinco militares de alta graduación del Ejército birmano (su número dos, Soe Win; el comandante de la Oficina de Operaciones Especiales, teniente general Aung Kyaw Zaw; el responsable del Mando Militar de la Región Occidental, general Maung Maung Soe; el general de brigada de la 33ª División de Infantería Ligera, Aung Aung; y a su homólogo de la 99ª División de Infantería, Than Oo).
El informe de Naciones Unidas también considera que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y otros dirigentes del país "han contribuido" a estos crímenes atroces "por omisión". Aung San Suu Kyi no hizo uso de "su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin". No obstante reconoce, "el escaso margen de maniobra" de las autoridades civiles para controlar las acciones de las Fuerzas Armadas.
Los investigadores destacan el papel de Facebook como "instrumento útil para quienes pretenden sembrar el odio". Tras conocerse el informe, Facebook ha bloqueado las cuentas tanto del jefe del Ejército como de otras personas y entidades para prevenir la incitación al odio y la difusión de noticias falsas.
Se calcula que en un año, 700.000 mulsulmanes rohinyás han huido víctimas de la represión en la antigua Birmania, un país mayoritariamente budista. Al menos 10.000 han muerto.
Ver también: Rohinyás, un año abandonados a su suerte
El 25 de agosto de 2017 se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos (la mayor parte guerrilleros), y que desató una nueva campaña militar en esa región de la que han huido unos 700.000 rohinyás en el último año a la vecina Bangladés.
"Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas o 'Tatmadaw', de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rakáin, indicaron los responsables de la Misión.
Por todo ello, los expertos instan al Consejo de Seguridad de la ONU a trasladar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal "ad hoc" para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas birmanas.
Mientras, afirman, debe crearse un mecanismo independiente e imparcial para consolidar, preservar y analizar las pruebas reunidas, e imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables y un embargo armamentístico contra Birmania.