El Parlament de Cataluña aprobó hace ahora un año las conocidas leyes de desconexión del Estado, para la celebración del referéndum unilateral sobre la independencia del 1-O que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.
Se cumple un año desde que la mayoría independentista aprobara en el Parlament de Cataluña las conocidas como leyes de desconexión del Estado. El marco, que pese al debate feroz, las advertencias sobre su legalidad y las protestas de la oposición, lanzó al Gobierno catalán entonces presidido por Carles Puigdemont, a convocar el referéndum para la autodeterminación del 1-O.
La convocatoria desató un choque de trenes definitivo con el Gobierno español, entonces presidido por el conservador, Mariano Rajoy. Doce meses después y con la celebración de la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña a la vuelta de la esquina, los protagonistas han cambiado pero el problema político persiste con la convivencia deteriorada.
Nueve líderes independentistas están en la cárcel, y otros siete en el extranjero para evitar la acción de la justicia española.
No obstante, el nuevo Gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, ha tendido puentes con la Generalitat presidida ahora por Quim Torra, quien auguraba estos días un "otoño caliente", con diálogo pero sin renunciar a nada.
El ministerio del Interior ha enviado 600 policías a Cataluña para evitar incidentes de aquí al 1-O, aniversario del referéndum unilateral sobre la independencia que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.