Tierra sin ley entre Colombia y Venezuela. En una vasta región fronteriza entre los dos países la población vive aterrada y sometida por los grupos armados, que imponen su ley. Una tierra de violaciones, secuestros, trabajos forzados...
PUBLICIDADEntre Colombia y Venezuela hay una tierra sin ley en la que impera la violencia. Una vasta zona fronteriza en la que la población está sometida a un "feroz control" de grupos armados ilegales que operan con total impunidad, según un demoledor informe de Human Rights Watch.
Según la ONG, la situación de los habitantes es "pavorosa". La gente vive aterrada y sometida por los grupos violentos que controlan su existencia.
"Estamos hablando de una situación de extrema gravedad, donde se producen desapariciones, torturas, violaciones sexuales, secuestros asesinatos", aseguró en rueda de prensa José Miguel Vivanco, de HWR.
Esta zona se extiende por el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, donde actúan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y de las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), así como **grupos transnacionales del crimen organizado.
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"Esta zona es terreno de todo tipo de actividades ilícitas. Allí hay negocios ilícitos, que están vinculados al contrabando, al narcotráfico, a la extorsión", dijo Vivanco.
Asesinatos y explotación sexual de migrantes venezolanos
El informe titulado "Los guerrilleros son la policía" habla de reclutamiento de niños, de trabajos forzados y trata de personas.
Resulta espacialmente preocupante la situación de los migrantes venezolanos que llegan a Arauca huyendo de la crisis en su país. Según la Policía colombiana, al menos 30 fueron asesinados el año pasado por no someterse a los grupos armados. También hay testimonios de venezolanas explotadas sexualmente.
Según Human Rights Watch, del lado colombiano la impunidad es total y los militares dan la prioridad a resguardar las infraestructuras petroleras, en lugar de la población. Por lo que se refiere al lado venezolano, denuncian que existe incluso **connivencia de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.
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