División en Bolivia tras la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, varios exministros y antiguos altos cargos del Ejército por su papel en la crisis que derivó en la renuncia forzada de Evo Morales como Jefe del Estado en 2019.
PUBLICIDADDivisión en Bolivia tras la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, varios exministros y antiguos altos cargos del Ejército por su papel en la crisis que derivó en la renuncia forzada de Evo Morales como Jefe del Estado en 2019.
Están acusados de sedición y terrorismo. Áñez, que fue detenida el sábado de madrugada en su casa en la localidad de Trinidad, en el departamento del Beni, fue trasladada inmediatamente a La Paz y puesta a disposición de la Fiscalía. La exmandataria ha pedido el envío de observadores internacionales a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) ante "el plan del Gobierno del MAS para instalar una dictadura en Bolivia".
Reacciones
El expresidente Evo Morales, que se vio forzado a dimitir en medio de acusaciones de fraude electoral y con las calles encendidas por las protestas de la oposición, ha pedido justicia para las víctimas de la represión de las protestas que se desataron tras su renuncia en distintas zonas del país ante lo que muchos consideraron que fue un golpe de estado.
Tanto Bruselas como Washington, han pedido que las acusaciones contra los detenidos se solucionen con justicia, sin presiones políticas y respetando los derechos fundamentales.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga han criticado unas detenciones que achacan a motivos políticos.
División en las calles
Simpatizantes y detractores de Jeanine Áñez se manifestaron el sábado ante la sede de la Fiscalía de La Paz. La exmandataria se acogió a su derecho al silencio como protesta por no ser tratada como expresidenta del país, una decisión que respaldaba a las puertas del inmueble Rafael Quispe, líder indígena Aymara que fue un alto funcionario durante la administración de Áñez:
"La señora expresidenta debe ser juzgada por el parlamento con una proposición acusatoria desde la Fiscalía. No con una detención arbitraria", lamentaba Quispe.
"Pedimos justicia, queremos la máxima pena porque ha habido muertos, ha habido heridos y aún siguen en los hospitales sufriendo esa gente", gritaba megáfono en mano un manifestante favorable a las detenciones.
El Gobierno boliviano niega que haya motivaciones políticas en las detenciones. Es un proceso "judicial que sigue su curso". Varias agrupaciones ciudadanas se han movilizado contra el Ejecutivo de Luis Arce. El Comité Cívico pro Santa Cruz han hecho un llamamiento a la resistencia civil como protesta.