Las familias salvadoreñas piden un cambio en la política antipandillas del Gobierno, que consideran demasiado arbitraria.
Las familias salvadoreñas acampan para manifestar su descontento con la política de arrestos del Gobierno de Nayib Bukele.
Miles de famillias llevan tres días reunidas en frente de la prisión "La Esperanza", en San Salvador, donde han sido encarcelados varios hombres por su supuesta vinculación a las pandillas.
A pesar de las duras condiciones en las que se manifiestan, los familliares unen sus fuerzas para denunciar la violencia y los arrestos arbitrarios realizados por la policía.
"Aquí dormimos, acostados en el suelo, sufriendo por nuestra familia, porque nosotros lo queremos a él (su esposo) y queremos tenerlo en nuestra casa, porque no queremos que él esté sufriendo. Sufrimos nosotros y sufre él." se lamenta Ofelia Hernández, esposa de un detenido durante el estado de emergencia.
Desde que se declaró, a finales de marzo, el régimen de excepción, que permite capturas sin orden judicial, se calculan más de 31.000 detenidos en el último mes y medio.
Esta medida fue tomada para luchar contra la ola de asesinatos cometidos por los pandilleros.
A pesar de que Nayib Bukele asegure que su plan cuenta con el apoyo del 91% de la población, tal y como cuantifica una encuesta de Cid Gallup, las famillias piden un cambio en la política del Gobierno.
Según una investigación periodística publicada este martes por El Faro, la ola homicida que causaron el estado de emergencia en el país fue la respuesta de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 tras la decisión del gobierno de romper sus supuestos acuerdos con estas y otras las maras.
Pos su parte, el Gobierno salvadoreño, que no se ha referido al tema, ha negado anteriormente que haya negociado con pandillas.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense afirmó, en diciembre de 2021 que los funcionarios de Bukele pactaronuna tregua con estas bandas criminales, a cambio de privilegios para sus líderes presos.
La información provino de una investigación interna realizada por el Departamento del Tesoro.
Washington y organismos internacionales han invocado a Bukele a luchar contra el crimen pero respetando los derechos humanos.