Bruselas quiere que las empresas se responsabilicen de las vulneraciones de los derechos humanos y del medioambiente en su cadena de suministros.
PUBLICIDADLas empresas europeas que no tomen medidas contra el daño al planeta y los abusos de los derechos laborales en toda su cadena de suministro se enfrentarán a fuertes multas.
Un problema reflejado en un documental sobre la tienda de ropa alemana KiK. Tras la muerte de más de 250 personas en la fábrica de sus proveedores en Pakistán, se abrió un largo proceso legal. Finalmente la empresa alemana acabó pagando varios millones de euros en indemnizaciones.
Según un nuevo proyecto de ley europeo presentado este miércoles**, las empresas tendrán que hacer más controles a sus proveedores para evitar incumplimientos de los derechos humanos y ambientales.**
“La propuesta abarca dos grupos de empresas, con responsabilidad limitada. Las que tienen más de 500 empleados y una facturación de al menos 150 millones de euros en todo el mundo. Esto representa aproximadamente 9400 empresas. Y las que tienen más de 250 empleados y alcanzan una facturación de 40 millones de euros o más en todo el mundo (...) Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no entran dentro del ámbito de aplicación de nuestra directiva", ha explicado en una rueda de prensa el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
Industrias como la téxtil, la alimentación o las bebidas, que tienen mayor riesgo de explotación podrían escapar al escrutinio. Las reglas se aplicarán algunas de las compañías de fuera de la Unión Europea pero que también comercien con el bloque.** Aunque según la propuesta más del 90% de las empresas de la UE podrían estar exentas.**
Los defensores de los derechos humanos creen que las víctimas deben estar en el centro de las posibles acciones. "El objetivo sería permitir que los 'David', en este caso, den un paso adelante y reclamen sus derechos y minimicen el poder de los Goliat. Conseguir un mundo en el que negocios no se traduzca en violar los derechos humanos", cree Claudia Saller, directora de la Colalición Europea para la Justicia Corporativa.
Las autoridades nacionales comprobarán si las empresas hacen cumplir las normas y decidirán el alcance de las multas por los daños causados a las personas y al planeta. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE. Algo que puede tardar más de un año en suceder.