Bruselas retiene actualmente a Hungría casi 28 000 millones de euros de fondos de la UE, y Budapest no recibirá la totalidad del dinero hasta que cumpla 27 de los llamados "superhitos" negociados con la Comisión.
PUBLICIDADHungría acusó el jueves a la Comisión Europea de ser parcial contra el país "por razones políticas" y de retener fondos de la UE "injustamente".
El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, dijo a la prensa en Bruselas que una ley aprobada la víspera por el Parlamento húngaro cumplía los requisitos de la Comisión para reforzar la independencia judicial en el país y que, por tanto, debería conducir a un deshielo de los fondos de la UE congelados.
"La Comisión Europea tenía unas expectativas claras, y Hungría las cumplió en otoño del año pasado y con la legislación que acaba de aprobarse", declaró a la prensa en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó.
"Siempre surge algo. Siempre hay algo más. Está claro que esos Comisarios que constantemente expresan nuevas dudas sobre el compromiso de Hungría, siempre plantean nuevas exigencias, simplemente están predispuestos contra nosotros por razones políticas. Y están reteniendo nuestros fondos de la UE de forma totalmente injusta, sin ninguna base legal ni una buena razón", añadió.
Bruselas retiene actualmente a Hungría casi 28 000 millones de euros de fondos de la UE. Esto incluye la totalidad de la cuota del país en los fondos de cohesión del bloque para el período 2021-2027, que asciende a 22 000 millones de euros, y 5800 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), el programa de estímulo del bloque posterior a COVID.
La Comisión y los Estados miembros habían acordado inicialmente congelar sólo 6300 millones de euros en fondos de cohesión -además de los 5800 millones de fondos del FRR- por cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho en el marco del nuevo mecanismo de condicionalidad. Pero a finales de diciembre se amplió a toda la dotación de cohesión de 22 000 millones de euros, después de que el ejecutivo de la UE dictaminara que otras leyes -sobre libertades académicas, derechos LGBTI y sistema de asilo- no respetaban la Carta de los Derechos Fundamentales.
Para desbloquear todo el dinero, Budapest debe cumplir 27 de los llamados "superobjetivos", cuatro de ellos relativos a la independencia judicial, 21 en el marco del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho y otros dos sobre auditoría y notificación de los fondos de la UE.
La ley aprobada el miércoles que pretende cumplir los hitos de la independencia judicial y que se espera que entre en vigor el 1 de junio fue descrita por un portavoz de la Comisión como "un buen paso en la dirección correcta".
"Sin embargo, no es el final del proceso. Deben seguir otros pasos", dijo Christian Wigand.
"La evaluación preliminar formal por parte de la Comisión en el marco del FRR sólo se hará después, en el contexto de la primera solicitud de pago de Hungría, una vez que se hayan implementado efectivamente todos los súper hitos", añadió, dejando claro que los 5800 millones de euros del FRR retenidos sólo se desembolsarán cuando se hayan implementado con éxito los 27 hitos.
Pero la nueva legislación permitiría a Budapest, una vez que haya tomado medidas operativas adicionales como la asignación de fondos al Consejo Judicial Nacional, que supervisa la administración central de los tribunales, y haya recibido una evaluación preliminar positiva de la Comisión, disponer de 13 000 millones de euros de los fondos de cohesión retenidos.
Sin embargo, no lo recibirá en una sola vez, ya que los fondos de cohesión se asignan a lo largo de varios años y se desembolsan tras las solicitudes de reembolso.
Para desbloquear 6300 millones de euros en fondos de cohesión adicionales, Budapest tendrá que cumplir los 21 hitos principales vinculados al mecanismo de condicionalidad, y los 2600 millones restantes solo se distribuirán una vez resueltas las cuestiones relativas a las libertades académicas, los derechos LGBTI y el sistema de asilo.
Una batalla clave será la de la llamada Ley de Protección de la Infancia, que prohíbe las representaciones de la homosexualidad y la reasignación de género en los contenidos de los medios de comunicación y el material educativo dirigido a menores de 18 años, y que aparentemente confunde la pedofilia con la homosexualidad.
La ley ha sido ampliamente criticada por ser contraria al colectivo LGBT y ha llevado a la Comisión y a 15 Estados miembros a presentar una demanda contra Hungría.
Pero Szijjártó declaró el mes pasado que "para nosotros, la cuestión de la protección de la infancia no conoce compromisos, protegeremos a nuestros niños", sugiriendo que el gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás en el tema.
"No se trata de una simple decisión gubernamental, ni parlamentaria, sino de la voluntad del pueblo, expresada en referéndum, y no conocemos una decisión de mayor nivel en democracia. Por lo tanto, por supuesto, estaremos al lado de la protección de la infancia, protegiendo a los niños húngaros, independientemente de cuántos países decidan unirse a la demanda en curso contra nosotros", añadió.