Los eurodiputados creen que los países de la UE buscan diluir la directiva que quiere acabar con las demandas infundadas contra periodistas.
PUBLICIDADLa Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) ha respaldado este martes una directiva para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos de demandas infundadas destinadas a silenciarlos. La directiva anti-SLAPP, propuesta por primera vez por la Comisión en abril de 2022, permitiría a los jueces desestimar rápidamente las demandas manifiestamente infundadas contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
También establecería varias garantías procesales y recursos, como indemnizaciones por daños y perjuicios, y sanciones disuasorias por interponer demandas abusivas.
Las SLAPP o demandas estratégicas contra la participación pública son una forma particular de acoso que se utiliza principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos para impedir o penalizar que se hable de cuestiones de interés público. Su uso ha ido en aumento en la última década en toda la UE y en el mundo.
La propuesta de la Comisión ha sido bautizada como "Ley Daphne", en honor de la periodista maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia.
La comisión JURI ha aprobado la directiva con 15 votos a favor, uno en contra y una abstención. El expediente se someterá al pleno a mediados de julio y, en caso de ser aprobado, constituirá la posición del Parlamento para las negociaciones con los Estados miembros.
Estas conversaciones interinstitucionales, conocidas como trílogos, se prevén difíciles, ya que los eurodiputados acusan a los Estados miembros, que forman el Consejo de la UE, de intentar diluir los intentos de la UE de reforzar la protección de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación.
La Comisión también ha reprendido a los Estados miembros por este asunto.
"Me gustaría expresar mi pesar por el debilitamiento de los recursos contra los procedimientos judiciales abusivos, en particular la supresión de la disposición sobre la indemnización por daños y perjuicios y el debilitamiento de la disposición sobre la condena en costas", ha asegurado Didier Reynders, comisario de Justicia, a principios de este mes, después de que los Estados miembros acordaran su posición negociadora.
Sin embargo, el eurodiputado alemán Tiemo Wölken (S&D), ponente del proyecto de directiva, ha dicho que los eurodiputados "lo reforzamos y también añadimos otras disposiciones, como la creación de una 'ventanilla única' a la que los afectados por SLAPPs puedan dirigirse para recibir ayuda de redes nacionales especializadas de abogados, juristas y psicólogos".
Una Ley de Libertad de Prensa "casi inútil"
No es la primera vez que se acusa a los Estados miembros de intentar suavizar una propuesta sobre libertad de prensa.
A principios de este mes, un acuerdo entre los 27 Estados miembros sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) hizo levantar muchas cejas, debido a una exención prevista para permitir las escuchas telefónicas de periodistas.
La normativa, propuesta por primera vez por la Comisión en septiembre de 2022, incluía salvaguardias contra la injerencia política en las decisiones editoriales y contra la vigilancia. El Ejecutivo comunitario quería poner el foco en la independencia y la financiación estable de los medios de comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de los medios y la asignación de la publicidad estatal.
"Hemos acogido con especial satisfacción, como un símbolo político, el proyecto de reglamento para el EMFA, ya que la Comisión ha adoptado por primera vez un acto legislativo que se ocupa de todos los medios de comunicación, un tema tradicionalmente delicado que sólo se trataba a nivel nacional", ha declarado a Euronews Renate Schroeder, directora de la Federación Europea de Periodistas (FEP).
Sin embargo, la FEP y otras ONG criticaron la propuesta por "no ser suficientemente ambiciosa".
"En particular, creíamos que el artículo 4 sobre la protección de las fuentes de los periodistas y la protección frente a la vigilancia no cumplía las normas del Consejo de Europa. También abogamos por normas vinculantes más estrictas sobre la transparencia de los medios de comunicación", ha añadido Schroeder.
Pero los Estados miembros pretenden añadir una excepción al artículo 4, introducida por Francia y a la que sólo se opone Alemania, que les permitiría espiar a los periodistas en nombre de la seguridad nacional.
La propuesta original pretendía garantizar que los gobiernos no pudieran "detener, sancionar, interceptar, someter a vigilancia o registrar e incautar" a periodistas para descubrir sus fuentes, a menos que "lo justifique una exigencia imperiosa de interés público", mientras que el despliegue de programas espía debía limitarse únicamente a los "delitos graves".
El Consejo espera ampliar de 10 a 32 el número de delitos que permiten este tipo de vigilancia. "El texto ya no protege a los periodistas y, por tanto, hace que la Ley sea casi inútil al menos para la protección de los periodistas", ha declarado Schroeder.
PUBLICIDAD"Sigue proponiendo herramientas útiles en lo que se refiere a la independencia de los medios de comunicación de servicio público, la transparencia en la publicidad estatal, algunas normas mínimas sobre la propiedad de los medios y sobre la independencia editorial. Pero sí, algunos Estados miembros tienen miedo del periodismo y por ello dan la mano a países antiliberales como Hungría, que se oponen a la Ley. Esperamos que el Parlamento Europeo se muestre firme, pero no somos demasiado optimistas", ha subrayado la directora de la FEP.