Los eurodiputados han interrogado este jueves a la comisaria europea de Finanzas, Mairead McGuinness, tras denunciar que un documento enviado por el Ejecutivo comunitario insta a los países de la UE a debilitar sus requisitos de transparencia fiscal.
PUBLICIDADMcGuinness ha asegurado que el documento, que proporciona a las capitales de la UE directrices técnicas en el informe público país por país, pretende impedir que las multinacionales se beneficien de lagunas legales. Además ha defendido que de ninguna manera frena a ambición de los Estados miembros de tomar medidas drásticas contra la evasión fiscal.
Pero algunos eurodiputados creen que el documento es un intento encubierto de limitar la transparencia fiscal. "La orientación proporcionada en la carta no es una orientación técnica. Esta orientación tiene influencia política, y esto constituye una transgresión", ha apuntado Evelyn Regner, vicepresidenta del Parlamento Europeo por los Socialistas y Demócratas. "Las orientaciones exceden claramente el mandato de la Comisión Europea, y detrás nuestras espaldas, de los colegisladores", ha añadido Regner.
Manon Aubry, eurodiputada de La Izquierda, ha afirmado que "con el mayor secretismo, la Comisión [Europeo] envía una nota a los Estados miembros pidiéndoles que apliquen unas normas mínimas de transparencia. ¿Quién le ha dado este mandato?".
Dos eurodiputados del Partido Popular Europeo, de derechas, han salido en apoyo de McGuinness, defendiendo el documento como necesario para evitar la fragmentación legal y advirtiendo del peligro de sobrecargar a las empresas con normas de transparencia. "Es ingenuo pensar que si se hace pública la información fiscal se recaudan más impuestos", ha dicho el eurodiputado alemán Markus Ferber.
"Tenemos que reforzar la cooperación entre las autoridades fiscales. Eso es lo que cuenta, porque son ellas las que determinan la carga fiscal y garantizan que las empresas pagan lo que les corresponde", ha añadido.
La directiva sobre transparencia fiscal entró en vigor en 2021. Es parte de la respuesta de la UE al escándalo de los Papeles de Panamá de 2016, que destapó cómo millonarios se beneficiaban de regímenes fiscales secretos en paraísos fiscales.
McGuinness, que votó a favor de la Directiva en 2021 cuando era eurodiputada, ha apuntado que la intervención de la Comisión busca abordar el problema de la sobrerregulación. Es decir,los requisitos y cargas adicionales que añaden los gobiernos al aplicar la legislación de la UE, creando fragmentación entre los Estados miembros e impactando negativamente en el mercado único.
También ha afirmado que la sobrerregulación podría aumentar el riesgo de que las multinacionales eludan las normas y estructuren sus actividades empresariales para aprovecharse de las lagunas normativas. "También quiero subrayar que informar a los Estados miembros de los inconvenientes de la sobrerregulación no significa prohibir nada. En última instancia, los Estados miembros pueden añadir las obligaciones de información que consideren oportunas", ha afirmado.
El grupo de eurodiputados encargados de redactar el informe del Parlamento sobre la directiva de transparencia fiscal en 2021 mandó este miércoles una carta a la Comisión Europea pidiendo claridad sobre la intervención.
McGuinness se ha comprometido a responder por escrito a sus preguntas.
La Directiva de 2021 obliga a grandes empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros a revelar públicamente dónde pagan impuestos, e incluye una cláusula que anima a los gobiernos a introducir medidas más allá de los requisitos de la UE.
Pero los opositores afirman que la ley no va lo suficientemente lejos, ya que las empresas sólo tendrían que declarar los impuestos que pagan en los países de la UE y en 16 países de la llamada lista "negra" y "gris" de paraísos fiscales. Sólo diez Estados miembros han incorporado el proyecto de ley a su legislación nacional. El plazo para hacerlo venció el 22 de junio de 2023.
La injerencia en las normas de transparencia fiscal saltó recientemente a la palestra mundial al conocerse una acusación contra la OCDE por presionar al gobierno australiano para que suavizara sus normas de transparencia fiscal.