Tras la repentina afluencia de inmigrantes que desbordó la isla de Lampedusa, Italia se está apresurando a idear un método eficaz para frenar las nuevas llegadas, con una abierta disposición a poner a prueba los límites del Derecho internacional.
PUBLICIDADLas imágenes de Lampedusa, una isla de más de 6.500 habitantes abarrotada por la llegada en pocos días de más de 10.000 solicitantes de asilo, han desatado una nueva crisis política en Italia. El país arrastra desde hace tiempo la poco envidiable responsabilidad de ser el destino obligado de los migrantes que entran de forma irregular a la Unión Europea.
La primera ministra Giorgia Meloni, que el año pasado formó el gobierno de derecha más radical de la historia de Italia, reaccionó prometiendo tomar "medidas extraordinarias" para reducir drásticamente la afluencia de migrantes "gestionada por traficantes sin escrúpulos". Meloni hizo un llamamiento directo a Bruselas enmarcando la situación de emergencia en Lampedusa como una cuestión crucial en la que toda Europa debe responder unida.
En un discurso grabado, Meloni ha dicho que Italia quiere "un cambio total de paradigma: detener a los traficantes de seres humanos y la inmigración ilegal masiva aguas arriba, y centrarse en la defensa de las fronteras exteriores".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, voló rápidamente a Lampedusa para presentar un plan de acción de 10 puntos que incluía en su mayoría viejas ideas, pero una propuesta llamó la atención de políticos y periodistas. "Explorar opciones para ampliar las misiones navales en el Mediterráneo", rezaba.
La elección de palabras no fue casual. Meloni había exigido una "misión europea, incluida una naval si fuera necesario" para evitar que las embarcaciones de migrantes llegaran a Italia. Su ministro del Interior, Matteo Piantedosi, pidió una solución aún más radical: un bloqueo naval
Ningún barco entra, ningún barco sale
El término "bloqueo naval" no tardó en aparecer en los titulares de toda la UE y centrar el debate político. Pero aunque hablar de bloqueo pueda resultar atractivo para los políticos que confían en un electorado exasperado para mantenerse en el cargo, el concepto entraña consecuencias gravísimas.
En sentido estricto, cualquier bloqueo, ya sea por mar, aire o tierra, se considera un acto de guerra y requiere la existencia de al menos dos beligerantes, uno de los cuales lleva a cabo la operación para aislar al otro de los flujos comerciales, las cadenas de suministro y las líneas de comunicación. El objetivo último es paralizar el ejército del adversario y frenar su crecimiento económico.
Casos actuales de bloqueos son la continua obstrucción por parte de Rusia del acceso de Ucrania al Mar Negro, el bloqueo impuesto a Yemen por Arabia Saudí y las estrictas restricciones impuestas por Israel a lo largo de la Franja de Gaza.
"Un bloqueo naval no es una operación en tiempos de paz. Un bloqueo naval sólo se produce, tal y como se entiende actualmente, durante un conflicto armado internacional", ha dicho a Euronews en una entrevista Phillip Drew, decano adjunto de la Queen's University y autor del libro The Law of Maritime Blockade.
"Parte del requisito de un bloqueo es que lo bloquee todo. Que no entren ni salgan barcos. No importa cuál sea su intención. No importa a quién pertenezcan", ha apuntado Drew.
Como Italia y Túnez no están cerca de un conflicto armado -de hecho, están vinculados por un nuevo memorando de entendimiento-, un bloqueo naval está fuera de lugar, ha apuntado Drew, que cree que "el uso de la terminología es desafortunado".
Italia aún puede establecer una operación naval convencional para disuadir a las embarcaciones de migrantes de llegar a sus costas. Para lograr la máxima eficacia, dicen los expertos, la intervención debería llevarse a cabo lo más cerca posible, o incluso dentro, de la costa tunecina para impedir que las embarcaciones lleguen siquiera a partir.
Pero esa presencia de 24 horas en el mar exigiría mucho tiempo y recursos al país, e infringiría el derecho internacional, incluida la prohibición de operar en las aguas territoriales de otro Estado soberano, que se extienden hasta 12 millas náuticas (22 kilómetros) de su línea de base.
Sin embargo, existen dos formas de eludir esta prohibición: asegurarse el consentimiento explícito del Estado soberano (en este caso, Túnez) u obtener una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que legalice la intervención militar.
Ambos escenarios, aludidos por los funcionarios italianos, son complicados.
En el Memorando de Entendimiento, Túnez añadió un párrafo en el que "reitera su posición de que no es un país de asentamiento de inmigrantes irregulares" y "su posición de controlar únicamente sus propias fronteras".
Obtener ayuda del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto como miembro permanente, podría resultar aún más difícil. El Consejo de Seguridad tendría que concluir que, en virtud del artículo 39 de la Carta de la ONU, la afluencia de inmigrantes indocumentados procedentes de Túnez constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Esta calificación permitiría a los países introducir todo tipo de remedios para restablecer el orden en la región. El artículo 42 habla de "manifestaciones, bloqueo y otras operaciones por aire, mar o tierra" como posibles métodos.
PUBLICIDAD"Si el Consejo de Seguridad dijera: 'Muy bien, vamos a exigir a Túnez que permita la entrada de otras fuerzas', eso es una imposición significativa a la soberanía de una nación de las Naciones Unidas. Y eso no es algo que se haga por capricho", ha apuntado Drew. "Requeriría una circunstancia muy grave. Se trata de una circunstancia grave, pero desde luego no es una primera opción. Sería una opción de último recurso", ha insistido.
El inesperado regreso de Sophia
Enfrentada a dilemas legales y pesadillas logísticas, Italia mira al pasado para encontrar una solución de futuro.
El nombre de Sophia ha sido invocado como modelo para una operación marítima que podría impedir con éxito que los migrantes lleguen a Italia, sin arriesgarse a infringir el derecho internacional.
Creada**en mayo de 2015**, Sophia era una misión naval de la UE concebida para combatir las redes de contrabandistas y traficantes de personas en el Mediterráneo meridional y central. Contaba con un presupuesto anual de casi 12 millones de euros y utilizaba embarcaciones militares proporcionadas por los Estados miembros para vigilar las aguas en busca de actividades sospechosas.
El Consejo de la UE estructuró Sophia en tres fases, pero sólo llegaron a activarse las dos primeras, lo que permitió a la misión abordar, registrar, apresar y desviar embarcaciones que se creía transportaban ilegalmente migrantes.
PUBLICIDADEl ámbito geográfico exacto de Sophia era confidencial, pero las patrullas tenían lugar cerca de Libia, país sumido en una caótica guerra civil y explotado por los contrabandistas como vía de escape. El mandato de la misión fue reforzado posteriormente por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir el embargo de armas contra Libia.
Aunque su principal objetivo era acabar con el tráfico de seres humanos, Sophia se atenía firmemente a dos normas fundamentales: el deber de rescatar a las personas en peligro y el principio de no devolución, que prohíbe a los países enviar a los solicitantes de asilo a un país donde corran riesgo de tortura, persecución o cualquier otro daño grave.
Según el Consejo de la UE, Sophia salvó a casi 45.000 personas en el mar.
Austria, Hungría e Italia afirmaron que esto demuestra que la misión fue un "factor de atracción" que animó a los migrantes a cruzar el Mediterráneo con la esperanza de ser salvados por Sophia y llevados a suelo europeo. La misión finalizó en marzo de 2020.
Ahora Italia quiere terminar el trabajo: "El bloqueo naval podría incluirse en la Agenda Meloni, como ha explicado el primer ministro, si se completara la misión Sophia", dijo el ministro Piantedosi a Radio1, refiriéndose a la tercera fase.
PUBLICIDADSegún la tercera fase de Sophia, las fuerzas navales estarían facultadas para tomar "todas las medidas necesarias" contra los buques sospechosos de tráfico o trata de seres humanos, "incluso eliminándolos o inutilizándolos", y lo que es más importante, esta intervención de fuerza tendría lugar dentro del "territorio" de un Estado soberano.
Para la Comisión Europea, esto no equivaldría a un bloqueo, como sugirió Piantedosi, ya que la destrucción de los buques sólo podría llevarse a cabo después de asistir a los migrantes a bordo.
Además, estaría limitada por las mismas obligaciones que se aplicaron a la misión original: respeto de la soberanía nacional, consentimiento internacional y deber de rescate.
"En cuanto a que la tercera fase de Sophia sea un proyecto, no creo que eso ocurra pronto. Sin el consentimiento del derecho internacional, no hay forma de entrar en las aguas territoriales de Túnez para llevar a cabo el desmantelamiento, al menos desde la perspectiva de la Unión Europea", ha apuntado Joyce De Coninck, investigadora postdoctoral de la Universidad de Gante sobre la operación Sophia.
Durante la existencia de Sophia, nunca se obtuvo el consentimiento libio ni una resolución de la ONU. Esta deficiencia dejó a los barcos de la UE patrullando una amplia zona de aguas internacionales, en lugar de trabajar más cerca de la costa libia.
PUBLICIDAD"En el mejor de los casos, una operación que reprodujera Sophia sería la operación fase dos de Sophia, que permitía el abordaje búsqueda y desvío en alta mar", ha dicho De Coninck a Euronews. "Pero, de nuevo, eso implicaría que las obligaciones de derechos humanos se activan tan pronto como estás en la proximidad física de un buque en apuros".