España ha anunciado un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para ceder la licencia de estas pruebas y así facilitar que lleguen a los países más necesitados.
PUBLICIDADLos test serológicos contra la COVID-19 serán mucho más asequibles en los países en vías de desarrollo. El Gobierno español ha anunciado un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para ceder la licencia de estas pruebas y así facilitar que lleguen a los países más necesitados.
España lo cederá al Fondo de Patentes para Medicamentos de la OMS. Según señalaba en un comunicado el propio CSIC, una de las principales instituciones públicas de investigación de Europa, es la primera licencia transparente global y no exclusiva para una herramienta sanitaria.
El acuerdo, anunciado este martes, significa que otros fabricantes podrán hacer las pruebas sin necesidad de comprar la licencia, lo que abaratará los costes y facilitará su producción.
"Este es el tipo de licencia abierta y transparente que necesitamos para facilitar el acceso durante y después de la pandemia", señalaba el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebretyesus.
"Insto a los desarrolladores de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra la COVID-19 a que sigan este ejemplo y intenten acabar con la devastadora desigualdad mundial que esta pandemia ha puesto de manifiesto".
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguraba en rueda de prensa que el objetivo es que la licencia llegue a todos los que lo necesiten. Es por esto que, estará libre del pago de derechos de patente en economías de ingresos medios y bajos.
¿Qué contiene el acuerdo sobre las pruebas COVID?
Las pruebas serológicas del CSIC pueden detectar, de manera eficaz, los anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección por la COVID-19 o como resultado de la vacunación.
Las pruebas son sencillas de utilizar y son adecuadas para zonas con acceso limitado a instalaciones sanitarias, según ha indicado el Medicines Patent Pool. El MPP es una organización internacional respaldada por la ONU que trabaja para facilitar el desarrollo de medicamentos para las naciones de ingresos bajos y medios.
Javier Maira, investigador del CSIC señalaba que la novedad del acuerdo es que la institución no cobrará por el uso de la licencia siempre que se fabrique para o en países incluidos en la lista de renta media y baja.
Las empresas que produzcan las pruebas también tendrán que ajustar el precio para que sean asequibles en el país donde se comercialicen, añadía Maira. Desde esta institución pretenden que la medida sirva de ejemplo de solidaridad para que otras organizaciones actúen de esta forma.
Una pandemia que arroja luz sobre las desigualdades
Si algo ha marcado esta pandemia ha sido la desigualdad entre países a la hora de acceder a los tratamientos y pruebas de detección.
A pesar de los esfuerzos internacionales, como el programa COVAX, para proporcionar vacunas contra la COVID-19 a los países en vías de desarrollo, menos del 1 % del suministro mundial ha llegado a los países más pobres.
"Hemos sido testigos de la falta de pruebas de detección y vacunas contra la COVID-19, lo que ha dejado a muchos países con pocos ingresos sin los tests necesaroas para ayudar a controlar el virus", declaró Stijn Deborggraeve, asesor de una campaña de acceso a las vacunas dirigida por la organización Médicos sin Fronteras (MSF).
La semana pasada, el MPP firmó otro acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer para su medicamento antiviral Paxlovid.
Sin embargo, la vacuna contra la COVID-19 de la empresa no forma parte del acuerdo, lo que ha llevado a los activistas a pedir más medidas para reducir la desigualdad de acceso a los tratamientos contra el virus.
"Está claro que confiar únicamente en las acciones voluntarias de las empresas farmacéuticas no garantizará el acceso urgente a las pruebas, los medicamentos y las vacunas para todo el mundo", afirmó la organización Oxfam.
"Sólo la acción concertada de los gobiernos para obligarles a compartir la tecnología, los conocimientos técnicos y la propiedad intelectual lo conseguirá".