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Los eurodiputados reclaman que el TTIP proteja a los trabajadores

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha votado este jueves sus recomendaciones y sus prioridades.

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Los eurodiputados reclaman que el TTIP proteja a los trabajadores

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La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha votado este jueves sus recomendaciones y sus prioridades para la negociación del acuerdo comercial entre la UE y EEUU (TTIP). Esta posición de la Eurocámara se votará en pleno el próximo 10 de junio. La Comisión Europea y Washington apuestan por que este tratado sea una herramienta de crecimiento económico.

“Nos hemos asegurado de que se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores, las normas medioambientales y hemos hecho nuevas peticiones a las empresas. Es un progreso. En cuanto a la cuestión de la protección de la inversión, hay nuevos puntos que hay que desarrollar, lo que también es positivo”, ha dicho el eurodiputado socialista Bernd Lange, ponente del informe sobre el TTIP.

Otros europarlamentarios no lo tienen tan claro porque creen la liberalización del comercio y la inversión vulnerarán los derechos de los trabajadores en beneficio de las grandes empresas, los más críticos han sido los ecologistas europeos y la Izquierda Unitaria Europea.

“Tenemos un mal informe y una mala resolución que no protegen a los ciudadanos europeos y que refuerzan los derechos de las corporaciones multinacionales en contra de nuestro sistema democrático”, ha explicado el eurodiputado verde Yannick Jadot.

Por eso la comisión de Comercio Internacional ha reclamado a Estados Unidos que se comprometa a respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo o se arriesga al veto del hemiciclo.

“Si se negocia correctamente y solamente entonces estaremos de acuerdo con el tratado, muchos ciudadanos se beneficiarán pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas que tienen grandes dificultades a la hora de aplicar diferentes reglas”, ha defendido el eurodiputado conservador Daniel Caspary.

Desde que comenzaron las negociaciones, diversas organizaciones y ciudadanos han denunciado que este pacto es perjudicial para los agriculturores, las farmacéuticas o los propios consumidores.