PUBLICIDADEl alquiler de viviendas con fines turísticos ha provocado que las llegadas a las islas se disparen. Por eso, y ante las reiteradas quejas de los ciudadanos, el Gobierno balear ha aprobado este martes una nueva ley que limita a 623.000 las plazas hoteleras y multa hasta con 400.000 euros a las plataformas del tipo Airbnb en caso de no retirar los anuncios de pisos turísticos.
“Hay una creciente crítica del residente, del ciudadano, ante las molestias que pueda crear una excesiva masificación. Esas molestias, esa crítica la compartimos desde el Govern y trabajamos para esa sostenibilidad y ese equilibrio”, decía el vicepresidente y consejero de Turismo del Gobierno balear, Biel Barceló.
En Palma de Mallorca, los ciudadanos llevan mucho tiempo quejándose de la situación. Los precios de los alquileres han aumentado de forma significativa y muchos se ven obligados a abandonar la ciudad.
“No sé dónde voy a ir después de septiembre, porque no encuentro nada de lo que yo puedo pagar. Porque yo más de 600 euros como que no. Es que no lo gano”, decía una residente.
“Es que se está encareciendo mucho el centro de Palma. Bueno, el centro no, en general”, explicaba otro ciudadano.
Las calles no solo de Palma, sino de otras ciudades como Barcelona, se han llenado de pintadas contra los turistas. La organización Arran ha llegado más lejos y ha protagonizado acciones contra restaurantes, autobuses turísticos y coches de alquiler.