Al menos 14 muertos en Nicaragua en un ataque armado del Gobierno en las ciudades de Diriamba y Jinotepe. En la ofensiva participaron 'fuerzas combinadas' conformadas por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas fuertemente armados.
PUBLICIDADUn ataque armado de fuerzas gubernamentales contra las ciudades de Diriamba y Jinotepe ha dejado al menos 14 muertos.
"Fuerzas combinadas', es decir, policías, paramilitares y grupos oficialistas fuertemente armados hicieron irrupción de forma simultánea en estas dos localidades en la madrugada del domingo con la intención de desmantelar las barricadas de la oposición.
Los enfrentamientos duraron hasta por la noche y en ellos también murieron al menos dos policías, un miembro de las fuerzas antidisturbios y un paramilitar.
Esa misma noche las "fuerzas combinadas" también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde "secuestraron" al menos a tres estudiantes, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que no califica como "arrestos" las detenciones ilegales del Gobierno.
Estos ataques de fuerzas del Gobierno, similares a los registrados en otras ciudades del país, como León o Masaya, se han producido mientras se intenta retomar el diálogo nacional. Hasta el viernes pasado había muerto 310 personas en dos meses y medio de protestas. La oposición nicaragüense ha convocado una huelga general para el próximo 13 julio para exigir una vez más la dimisión del presidente Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha señalado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.