Bruselas sancionará a España por contaminación tras la moratoria de Madrid Central

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La Comisión Europea se plantea sancionar a España por incumplir los límites de emisión de dióxido de nitrógeno (NO2). Previsiblemente, Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas eficaces para cumplir los estándares de calidad del aire.

El responsable de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, explica a Euronews que si bien el incumplimiento de la normativa "era flagrante y estaba ya verificado en el primer periodo entre 2010 y 2015", durante el que se han incumplido año tras año los niveles en la capital y en Barcelona, "a partir de 2015 se da un aviso muy serio al Ayuntamiento de Madrid para que ponga en marcha medidas contra la contaminación", y luego se aplica un primer protocolo complementado con las medidas de mejora de la calidad del aire del Plan A.

Esas medidas permitieron paralizar las sanciones a España a pesar de registrarse mayores niveles de contaminación de los permitidos por la normativa europea.

¿Por qué sanciona la UE a España ahora?

Madrid Central, un plan del Ayuntamiento de Madrid que entró en vigor el pasado 30 de noviembre restringiendo el tráfico en el centro de la capital, es parte de ese Plan A que ha servido para paralizar la sanción de Europa. Sin embargo tras la paralización de Madrid Central con la llegada al Gobierno madrileño del nuevo alcalde del Partido Popular José Luis Martínez Almeida, Bruselas ha perdido la confianza en que España pueda mejorar las emisiones de NO2 registradas.

Desde la Plataforma de Defensa de Madrid Central aseguran que la denuncia de Europa está relacionada con lo ocurrido en el último mes. Yetta Aguado, portavoz, asegura a Euronews que desde el Ayuntamiento "ayer lanzaron un argumentario con datos retorcidos para excusarse, pero siguen echando balones fuera".

"Hubo una carta del comisario europeo de Medio Ambiente a la Ministra Teresa Ribera y han seguido insistiendo en la actitud. Ha habido presión de los países que están en el proceso sancionador y en este caso, además, con el gobierno en funciones no se ha podido actuar o negociar con el Gobierno municipal para poner nuevas medidas", denuncia Aguado.

El responsable de Movilidad de Greenpeace coincide en que el detonante de que la Comisión Europea denuncie a España es "la incertidumbre que ha surgido del nuevo Ayuntamiento de Madrid, que llegó al poder prometiendo eliminar Madrid Central y que posteriormente ha cambiado su discurso". Esto, cree, "ha minado la confianza de los comisarios europeos que no se fian de un Ayuntamiento que a día de hoy no ha puesto un plan alternativo encima de la mesa".

La moratoria de las sanciones a los conductores que entren en la almendra central madrileña se suspendió en los tribunales gracias a las demandas de Ecologistas en Acción y Greenpeace, que demostraron con informes el beneficio del Plan del Gobierno municipal de Manuela Carmena. Sin embargo, no ha sido suficiente para evitar lo que Ecologistas En Acción califica de un "lógico" castigo a España.

El 1 de julio entró en vigor la moratoria de Madrid Central implantada por el nuevo alcalde madrileño. Entonces tanto las organizaciones ecologistas como la Plataforma de Defensa de Madrid Central lanzaron iniciativas para llamar a la responsabilidad de los ciudadanos y que se siguiera cumpliendo el plan Madrid Central en la práctica. Yetta Aguado califica de "éxito total" que se anulara el decreto, sobre todo por la inmediatez del auto y porque el juez vió que hay urgencia y que el daño puede ser irreparable.

Además, el Partido Popular planteó la moratoria esgrimiendo que las sanciones no funcionan, "pero esto demuestra que no era real, entonces ya se había solucionado", asegura Aguado. El Ayuntamiento ha terminado reconociendo que "la moratoria se hizo por promesa electoral, no por necesidad, y que la libertad de movimiento prima por encima del derecho a la salud".

Sin respuesta del Ayuntamiento

Desde entonces han mantenido contactos con el alcalde y la vicealcaldesa en los que no obtuvieron nada claro "Ellos mismos tenían posiciones diferentes", asegura la portavoz de la plataforma, porque Almeida recogía quitarlo y Begoña Villacis modificarlo.

Desde Greenpeace también denuncian que más de un mes después del anuncio de la moratoria de Madrid Central, el Ayuntamiento todavía no ha explicado qué cambios pretende llevar a cabo.

Adrián Fernández recuerda que desde el inicio no lograban una comunicación fluida con el gobierno local y fue a raíz de las protestas cuando se les concedió una reunión con el alcalde. Pero ni en esa ni en otra cita posterior obtuvieron respuestas sobre las alternativas al plan.

La normativa europea de 2008 entró en vigor en 2010 y es ese año cuando empieza a contabilizarse el primer periodo (2010-2015). En 2017 la UE elabora un dictamen motivado contra España por el incumplimiento reiterado de la normativa en Madrid y Barcelona, y un año más tarde deja inactivo el expediente de infracción contra España que ahora se ha vuelto a poner en marcha.

Los grupos ecologistas calculan que la multa al Estado español podría ascender a 1.600 millones de euros. Fernández cuenta que estas sanciones se calculan por año de incumplimiento, en un periodo acotado entre 2010 y 2017 en el que a cada año le correspondería una sanción de 200 millones de euros.

Greenpeace señala que en Europa hay un gran problema de concentración de dióxido de nitrógeno en toda la zona de centroeuropa por el alto uso del coche, la industria, centrales eléctricas contaminantes y la alta densidad de población. Y defiende que "no hay ninguna receta contra la contaminación que no pase por reducir el número de automóviles".

El Ministerio para la Transición Ecológica publicó ayer un Informe de Evaluación de la Calidad del Aire que apunta a una mejora ligera de los datos durante 2018 respecto al año anterior, aunque debida fundamentalmente a las buenas condiciones meteorológicas por las lluvias abundantes de ese año, según explica Adrián Fernández.